Presentan demanda de amparo contra el traslado del Archivo General de la Nación

Contra todos los conceptos técnicos y la alerta de la Contraloría, el Ministerio de Cultura mantiene su decisión de trasladar el Archivo General de la Nación a una bodega industrial del Callao. Tres historiadores presentaron un recurso de amparo para impedir que se consume el atentado contra la memoria histórica del país. 

Un grupo de historiadores preocupados por el inminente traslado del Archivo General de la Nación a una bodega industrial del Callao que no cumple con los requisitos técnicos de preservación de documentos ha presentado una acción de amparo para detener el traslado y obligar al gobierno a garantizar la seguridad del patrimonio documentario del país.  

Los historiadores Magally Alegre, Joseph Dager y Margarita Guerra, presidenta de la Academia Nacional de Historia Y con el apoyo de los estudiantes del Grupo de Historia del Derecho de la Universidad Científica presentaron la medida cautelar de suspensión del traslado por vulneración a los derechos fundamentales a la identidad cultural de la Nación, conservación del patrimonio cultural de la Nación y acceso a la cultura y a la vida cultural a través del patrimonio documental de la Nación.  

La demanda de amparo pretende que se suspenda la orden de traslado del Archivo a una bodega de propiedad del Consorcio Transel en El Callao, vecina de una fábrica de lejía y de otras fábricas de productos inflamables, además sin adecuaciones especiales y con vulenerabilidades por humedad y presencia de polvo que inevitablemente dañará los delicados documentos históricos. Los argumentos de los historiadores están sustentados en el informe técnico preparado por el propio Ministerio de Cultura que establece que el lugar no cumple con los requisitos mínimos exigidos en el protocolo de preservación de documentos antiguos, como reveló Epicentro Tv.  

Advertencia de la Contraloría 

Adicionalmente, los historiadores sustentan su pedido en el informe de la Contraloría que encontró cuatro situaciones adversas en la contratación de la bodega que van desde la falta de condiciones técnicas hasta el riesgo de un embargo porque el bien no está libre de hipoteca. El informe de la Contraloría, también revelado por Epicentro Tv, señala que "el local no cuenta con las condiciones necesarias que acrediten que se encuentra física y legalmente saneado".  

Los historiadores que demandan la suspensión del traslado hacen un recuento de los riesgos a los que se ve expuesto el Archivo en esa bodega que están contemplados en la Guía de Conservación Preventiva, que según el propio informe del Ministerio de Cultura no se tuvo en cuenta en las bases de la contratación del local.  

La preocupación adicional que motiva el recurso legal es que el contrato ha sido celebrado por 36 meses prorrogables hasta por 24 meses más con lo cual es claro que el Archivo estaría en esa bodega riesgosa por al menos 3 años.  

"A buen recaudo" 

En el largo discurso del 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte dedicó un párrafo al Archivo General de la Nación: sostuvo que ha ordenado que "se ponga a buen recaudo la memoria documental de todos los peruanos". ¿Pero es buen recaudo una bodega húmeda, cercana a productos inflamables y sin las adecuaciones para proteger los documentos de organismos vivos que puedan destruirlos? 

"Hoy quiero anunciar que nuestro gobierno, en el marco de las conmemoraciones de la consolidación de nuestro bicentenario, ha decidido poner a buen recaudo la memoria documental de todos los peruanos. El Archivo General de la Nación, institución que tiene a su cargo la conservación de este valioso patrimonio, acaba de cumplir 163 años de vida institucional, y en todo este tiempo ningún gobernante se preocupó de dotarlo de un local propio, a la altura de nuestra riqueza histórica, estando actualmente en condiciones totalmente inadecuadas, que vienen condenando a nuestra memoria escrita a una irremediable pérdida sino tomamos las medidas respectivas." 

Finalmente, los historiadores le preguntan al juez si "¿arrendaría un inmueble para depositar sus más valiosas pertenencias a alguien sin saber si tiene sus licencias en regla, si lo ejecutarían por una hipoteca, desalojarían o desmantelarían la edificación arrendada en cualquier momento?". La respuesta lógica sería NO, pero la respuesta que implícitamente ha dado el Ministerio de Cultura es SI.  

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