Entre la droga y la fe: el narcotráfico se expande en la frontera con Brasil
The Intercept de Brasil y Epicentro TV de Perú, investigaron la actuación de un movimiento religioso que algunos clasifican como una secta. Se autodenominan "los israelitas", prometen la "tierra prometida" y predican en una de las regiones con mayor incidencia de cultivo de hoja de coca en Perú. ¿Qué tienen que ver con el negocio ilícito? Este amplio reportaje revela una relación non sancta que las autoridades aún no advierten.
En la madrugada del 24 de julio de 2024, el sol apenas tocaba el río que limita con la comunidad de Vila Nova, en Tabatinga, triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia, cuando agentes de la Policía Federal brasileña rodearon un terreno para verificar una denuncia anónima que pronto confirmaron, cuando encontraron bajo tierra 3,7 toneladas de narcóticos, incluida marihuana tipo Skank, clorhidrato de cocaína en polvo y 40 kilos de pasta base para producir media tonelada de cocaína.
El presunto propietario de la carga, un ciudadano colombiano, huyó al bosque pero fue capturado a dos kilómetros de allí. Según le dijo a los policías, la droga provenía de Perú e iba a ser enviada a la ciudad brasileña de Manaos, a instancias de un conocido narcotraficante de allí.
Aprovechando una relación amorosa de fachada, el colombiano ocultó sus actividades delictivas, amenazó a miembros de la familia de la chica y luego presionó a la comunidad para que cooperara con su empresa criminal.
Entre 2019 y 2023, las incautaciones de pasta base y de clorhidrato de cocaína se triplicaron en la Amazonía legal brasileña, y este caso es una muestra de cómo la triple frontera se ha ido transformando.
Brasil dejó de ser un país de tránsito y ahora es un actor clave en el tráfico internacional de drogas, con un papel relevante en la cadena de producción: hoy es uno de los mayores refinadores de cocaína del mundo, moviendo, solo en el refinado, 6 mil millones de dólares al año, un nivel comparable al de grandes empresas brasileñas, como Embraer o el Grupo Boticário.
El hallazgo de la droga en la comunidad de Vila Nova reposiciona a ese país en la geopolítica del comercio de drogas ilícitas.
La publicación "Floresta em Pó" (De bosque a polvo), publicada este jueves 30 de octubre en Brasil por un consorcio de organizaciones entre la que se encuentran Fogo Cruzado y Mae Crioula, identificó de forma inédita 550 laboratorios de refinado y procesamiento de drogas en Brasil, entre enero de 2019 y julio de 2025.
Eso es 32,4 veces más que el total reconocido oficialmente por los organismos de seguridad.
Con ello, Brasil se consolida como un polo central de refinado y distribución de cocaína, con las mayores incautaciones de droga hacia Europa en 2020, y con una Amazonía como corredor del flujo hacia los puertos atlánticos.
En esta cadena, la distribución al por mayor acapara casi el 60% de los beneficios, y el comercio minorista, lo que se ve en las noticias sobre incautaciones en las favelas brasileñas, el 20%.
El refinado concentra valor y exige infraestructura de procesamiento químico y descarte de residuos, lo que presupone corrupción y cobertura política. Un claro ejemplo de estas conexiones es el papel estratégico de los puertos y rutas.
Desde hace unos años, el puerto de Santos es el segundo mayor exportador mundial de cocaína, lo que coincide con el crecimiento de la violencia ligada a los grupos criminales en los estados del norte y noreste brasileños.
Ello se debe a que los puertos del nordeste ganaron importancia en la ruta del tráfico internacional entre 2020 y 2024 y a que la Amazonía funciona como área de paso que conecta los países andinos -Perú y Colombia, principalmente- con el Atlántico.
El negocio de la cocaína se acopla con otras economías ilícitas: la apropiación ilegal de tierras, la minería ilegal de oro -con su eje de lavado- y el contrabando de madera y pescado.
Es un bloque que explica por qué entre 2019 y 2022 la deforestación en la Amazonía legal brasileña subió un 73% y por qué la deforestación en Perú sigue galopante.
La selva tiene dueño
En este contexto, los medios The Intercept de Brasil, y Epicentro TV de Perú, investigaron la actuación de un movimiento religioso que algunos califican como secta.
El movimiento se agrupa en la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (Aeminpu), autodenominados "los israelitas". Predica habitar la "tierra prometida", ubicada en una de las regiones con mayor incidencia de cultivo de hoja de coca en Perú.
A pesar del nombre, los "israelitas" no provienen de Israel. Adoptaron de forma simbólica la creencia de que ser "israelita" no depende de origen étnico o familiar, sino de seguir las creencias, los valores y el modo de vida del pueblo de Israel descritos en el Antiguo Testamento.
El grupo evangélico llegó a la región de la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia en los años 90 del siglo pasado, impulsado por su fundador, Ezequiel Ataucusi Gamonal, un hombre a quien nombraron profeta y misionero general, un encarnado del Espíritu Santo.
Desde 1964 fundaron más de treinta colonias a lo largo de la Amazonía peruana, acercándose cada vez más a las zonas fronterizas del Perú y Brasil.
Así, se instalaron a lo largo del río Amazonas apenas empezada la década del 90, eligieron como capital religiosa a una localidad a medio camino entre la ciudad de Iquitos, capital de Loreto, y las ciudades de Leticia y Tabatinga, en la Triple Frontera, y la denominaron Alto Monte de Israel.
En 1996 se expandieron a Islandia -una isla en territorio peruano ubicada en la confluencia de los ríos Yavarí y Amazonas- y rápidamente se insertaron en el comercio local, actuando en actividades formales pero, según fuentes de la zona, también en redes ilegales.
Funcionarios públicos y de la Policía Federal brasileña, consultados bajo anonimato por The Intercept, relataron que los "israelitas" ocupan una posición de relevancia en el comercio agrícola local, y usan esta ventaja para negociar tierras y expandir su influencia en la región.
De acuerdo con lo que le dijeron los agentes a The Intercept, el grupo actúa como una fuerza híbrida, que combina comercio, fe y prácticas ilícitas. Están involucrados en la extracción ilegal de madera, pesca ilegal y en el cultivo, procesamiento y venta de derivados de cocaína.
Aunque su capital espiritual es Alto Monte de Israel, fundada por Ezequiel Ataucusi Gamonal como símbolo de su presencia y poder, desde hace unos años la localidad está perdiendo protagonismo. Los israelitas se han movido una vez más y ahora se asientan a lo largo del valle del río Yavarí, en especial, en una nueva colonia llamada San José de Parinari, en la parte media de la cuenca.
Según fuentes de la policía peruana y brasileña su desplazamiento estaría relacionado con la facilitación de transporte de cocaína de las áreas productoras, bajo su control, hasta Brasil. Sus compradores, según las fuentes, están ligados al Comando Vermelho.
Una comisión que visitó Parinari para labores catastrales a inicios del 2025 fue obligada a retirarse de la zona por hombres fuertemente armados, cuya apariencia coincide con los israelitas. "Acá no son bienvenidos...", les espetó un hombre de pelo largo y barba que portaba armas de guerra.
"Todas las referencias que encuentres relacionadas con ellos tanto dentro de Perú como en Brasil, los asocian fuertemente al narcotráfico. Algunos miembros incluso han sido arrestados. Tienen implicación, por haber 'domado' aquella región. Ellos cultivaron esas tierras, las conocen, saben cómo plantar, viven de plantar", cuenta para The Intercept el doctor en Antropología por la Universidad Federal del Amazonas, David Saenz.
El antropólogo relata que los "israelitas" piensan que, como en toda religión, habrá personas desviadas, de mal carácter, que están infiltradas dentro de la religión para aprovecharse.
Entonces -dice- estas personas son cooptadas por traficantes que prometen dinero a cambio de la hoja de coca.
La misma versión fue recogida entre líderes israelitas de diversas zonas del Perú, cuando se les preguntó por su vinculación con el narcotráfico y otros delitos.
Sin embargo, la magnitud de los sembríos detectados año tras año, a pesar de las labores de erradicación del Estado peruano, revela un posible mayor involucramiento.
Hay indicios que indican que en la región, donde la pesca y la caza clandestinas son práctica común, los integrantes del grupo participan en el contrabando y el transporte de productos ilícitos como drogas, animales silvestres y oro extraído ilegalmente de los ríos.
Registros policiales de Brasil y Perú dan cuenta de la captura de "israelitas" por participar en dichas actividades.
En su más reciente investigación, Gabriel Funari, director del Observatorio de Economías Ilícitas en la Región Amazónica de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime -Fronteras Ilícitas y Gobernanza Criminal de la Triple Frontera Amazónica- sostiene que su ubicación estratégica convirtió a los "israelitas" en aliados locales para la expansión del Comando Vermelho (CV) por rutas amazónicas de contrabando.
Por eso, la hipótesis de que los asentamientos "israelitas" manejan las áreas de cultivo de coca y de recursos naturales de alto valor comercial para permitirle al CV articular diferentes cadenas de producción y distribución, es inquietante.
El Comando Vermelho
El grupo criminal de Río de Janeiro dejó de depender de proveedores peruanos y colombianos y pasó a controlar todas las etapas del negocio, desde el refinado hasta la exportación de la cocaína.
Esta integración logística le dio un poder inédito sobre el comercio ilícito en la frontera entre Brasil, Perú y Colombia.
Visionario, el grupo fue el primero entre las facciones brasileñas en percibir, ya en los años 90, el potencial estratégico de ciudades como Leticia y Tabatinga y hoy cosecha los resultados de esa apuesta amazónica.
Gabriel Funari muestra que la creciente presencia del crimen organizado en la triple frontera ha afectado profundamente la vida de los pueblos indígenas que habitan en la región.
Facciones y redes de tráfico invaden territorios tradicionales para reclutar mano de obra para el cultivo y el transporte de drogas.
Jóvenes indígenas son reclutados para actuar como cargadores —"mulas" o "mochileros"— o trabajadores en las plantaciones de coca. Las niñas y mujeres son llevadas a esos lugares para servicios domésticos o sexuales.
Los pagos, que pueden llegar a 500 dólares al mes, superan con creces lo que se gana en empleos formales disponibles en las aldeas. Pero la supuesta ventaja pronto se disuelve: gran parte del dinero se gasta en comida, alcohol y drogas.
El resultado es un ciclo de dependencia y explotación: jóvenes que regresan a las comunidades sin recursos terminan siendo empujados de nuevo a las redes criminales.
Líderes de UNIVAJA, la organización indígena brasileña del Yavarí, entrevistados por Epicentro Tv para este reportaje, manifestaron que los "israelitas", en combinación con criminales brasileños, reclutan jóvenes de aldeas brasileñas de los ríos que se encuentran dentro del valle del Yavarí.
En Leticia y Tabatinga los líderes indígenas relatan el aumento de personas en situación de mendicidad, el avance del consumo de drogas y un número alarmante de suicidios entre jóvenes indígenas. Los centros de rehabilitación en ambas ciudades ya operan al límite de su capacidad.
Como muestra "Floresta em Pó", el impacto social y penal es masivo. Brasil se acerca al millón de presos —cerca del 30% por drogas— y más de 6 mil muertes por policías en servicio en 2024.
En la Amazonía brasileña, la última década vio un crecimiento de casi el 70% en el encarcelamiento y el 80% en el número de muertes violentas.
El ambiente de violencia se extiende a quienes intentan denunciar o contener los crímenes. Servidores públicos, activistas y periodistas que actúan en la defensa de los derechos indígenas y en el combate al tráfico han sido blancos directos de amenazas y asesinatos.
En septiembre de 2019, Maxciel Pereira dos Santos, funcionario de la Fundación Nacional del Indio (Funai), fue ejecutado a tiros en la principal avenida de Tabatinga, en represalia por su trabajo contra la pesca ilegal en el valle del Javari.
Tres años después, en junio de 2022, el asesinato del indigenista Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips expuso al mundo la fuerza de las redes criminales que actúan en la región.
El autor intelectual de los crímenes, un ciudadano peruano, controlaba buena parte del comercio ilegal de pesca en el Yavarí —símbolo de un territorio donde el Estado es casi ausente y el crimen se impone por la fuerza.
Y los "israelitas", según el fotógrafo João Laet, son parte de ello.
"Están creciendo mucho. Lo que cuentan en Atalaia do Norte es que son los mayores productores de alimentos, hortalizas, frutas, macaxeira, etc., de la región. Cada vez veo un grupo mayor, más numeroso. Lo que cuentan es que detrás de este crecimiento está el tráfico, es la cocaína", dice Laet, que fotografía la región desde hace varios años para varios periódicos nacionales e internacionales.
Laet añade: "Otra curiosidad que cuentan de ellos es que dicen que el traficante brasileño no dura mucho porque ostenta, aparece ‘lleno de oro’. Ellos no. Ellos invierten en tierra, en las casas, en las comunidades y en la política".
Aeminpu y Frepap
El brazo político de la Aeminpu, el partido Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), ve en el agro un medio para transformar la sociedad, al mismo tiempo que adopta posturas semejantes a los de la extrema derecha religiosa.
En las elecciones parlamentarias peruanas de 2020-2021 llegó a ser el cuarto en lograr mayor representación en el Congreso peruano, logrando 16 de las 130 curules.
El actual líder del Frepap es Ezequiel Jonás Ataucusi, hijo del fundador de Aeminpu. Sin embargo, su liderazgo está marcado por disputas profundas que marcaron un cisma en la familia Ataucusi y en la Aeminpu.
De hecho, Juan Ataucusi Ospina, hijo mayor del fundador, hizo declaraciones explosivas para este reportaje.
Ataucusi Ospina dijo que tanto la Aeminpu como el Frepap son plenamente conscientes de que las colonias de la triple frontera están involucradas en el cultivo de coca y, en general, en el narcotráfico.
Epicentro Tv intentó en reiteradas oportunidades comunicarse con Aeminpu, por teléfono, correo electrónico y redes sociales. Los intentos incluyeron una visita a su local central en Lima.
No accedieron a brindar una entrevista.
La dirigencia nacional de la asociación y del frente Frepap no quiere hablar del asunto de los cultivos de coca y del narcotráfico en la triple frontera.
¿Por qué? Juan Ataucusi tiene una respuesta.
"Son conscientes. Lo que ellos no han podido, o no han calculado, han incentivado este cultivo y hoy no pueden evitar ni apagar. ¿Por qué? Porque ellos mismos se sienten beneficiados", manifestó.
Modelo de negocio exitoso
La publicación "Floresta em Pó" plantea una tesis incómoda: la política de prohibición de las drogas sigue siendo muy exitosa en moler recursos públicos en la misma medida que erige un sistema económico de la droga cada vez más resiliente, extractivista y transnacional cuyos beneficios, multimillonarios, se concentran y los daños como la violencia se distribuyen de forma desigual.
Hasta los años 80, cerca del 90% de la producción de hojas de coca estaba en Perú y Bolivia. La materia prima prensada era entonces transportada a Colombia, donde pasaba por el proceso de refinado y exportación.
Los carteles colombianos compraban pasta base de áreas controladas por grupos armados en Perú, la procesaban en laboratorios y la embarcaban al norte global, especialmente a Estados Unidos.
Pero esa logística cambió.
El tráfico es hoy más pulverizado y la droga más pura. La actividad se ha vuelto cada vez más lucrativa.
Es el resultado del llamado "efecto globo", que cuando el Estado aprieta (reprime) de un lado, el aire (tráfico) se desplaza hacia el otro.
Operaciones federales y militares desplazaron los flujos a zonas más remotas, dispersaron facciones y agravaron conflictos territoriales. El efecto directo fue que las incautaciones de pasta base y polvo se triplicaron en la Amazonía legal entre 2019 y 2023.
Un ejemplo del "efecto globo" es la adopción de la política de interdicción aérea, conocida como Ley del Abate, en vigor en Brasil desde 2004, que cambió profundamente la geografía del tráfico de drogas en el país.
Hasta entonces, el transporte aéreo era el principal medio utilizado para el envío de cocaína, pero el refuerzo en la fiscalización y el riesgo creciente de interceptación hicieron que esta ruta fuera menos viable.
Frente a esto, los traficantes pasaron a apostar por el transporte por los ríos amazónicos, que ofrecen rutas extensas, de difícil monitoreo y que conectan regiones productoras de la droga con puertos estratégicos.
En las ciudades ubicadas en las riberas de los ríos que conectan la Amazonía con los países productores de cocaína, después de la política, hubo un aumento de casi el 30% en el número de homicidios que "pueden atribuirse al desplazamiento del tráfico".
Así lo señala el estudio Landing on Water: Air Interdiction, Drug-Trafficking Displacement, and Violence in the Brazilian Amazon (Aterrizando en el agua: Interdicción aérea, desplazamiento del tráfico de drogas y violencia en la Amazonía brasileña), producido por investigadores del Insper y de la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de la Universidad de São Paulo (FEA-USP).
En los últimos años, la Amazonía pasó a ocupar el centro de las discusiones globales sobre violencia, crimen organizado y destrucción ambiental. El tema ganó notoriedad en foros internacionales de peso, como la COP16 de la Biodiversidad realizada en 2024 en Colombia, y en las cumbres del G20 (2024) y de la COP30 del Clima (2025), ambas con sede en Brasil.
Estos eventos reflejan una preocupación creciente de la comunidad internacional con el avance de las actividades criminales y de la degradación ambiental en la región, hoy, reconocidas como amenazas no solo locales, sino con capacidad para afectar el equilibrio climático y la seguridad global.
Hablan expertos peruanos
Rubén Vargas, exjefe de la agencia de lucha contra las drogas, Devida, y exministro del Interior, dijo que el mapa del narcotráfico está cambiando, pues, Brasil se ha convertido en una plataforma de embarque de cocaína hacia Europa y Sudáfrica, y, de acuerdo con los últimos reportes de UNODC, los niveles de consumo de drogas cocaínicas ha crecido.
"Tener un mercado de esa magnitud configura nuevos escenarios, especialmente porque parte de esas drogas se producen en Perú. El agravante es que el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho, mega organizaciones criminales brasileñas, ya operan en el Perú siguiendo la ruta de la cocaína, el oro ilegal y el tráfico ilícito de cigarrillos", señaló.
En eso coincide con el amazonista peruano Roger Rumrrill, quien hace dos décadas escribió que "la llegada de los israelitas a Mariscal Ramón Castilla (la parte peruana de la triple frontera), transformó totalmente la economía local, cambió el paisaje social y reforzó poderosamente la penetración del narcotráfico en la región".
Para Jaime Antezana, especialista peruano en narcotráfico y terrorismo que estudia estos fenómenos desde hace treinta años, los israelitas siempre han sido un factor complejo.
"Por un lado, no se plegaron a los movimientos terroristas de los 80 y 90 en Perú, pero en su renuencia, generaron una articulación perversa con varias economías ilegales como el tráfico de tierras y el narcotráfico. Hay que tomar en consideración también el poder político que llegaron a tener hace poco. No son un grupo improvisado, tienen una estructura jerárquica, religiosa y política, con alta conciencia y unidad", analizó.
El investigador anotó, además, que es un grupo "fanático" y que "es el tipo de organización más difícil de reencaminar, de corregir. Fueron pioneros en la producción de coca y después de pasta base, del tráfico de drogas a Brasil y del lavado de activos en el Bajo Amazonas e Iquitos."
Un informe preparado para Epicentro Tv por el Observatorio de Deforestación y Delitos Ambientales - ODDA de la Asociación ProPurús, muestra la evolución y la persistencia del impacto israelita en los bosques y en la producción de coca.
La franja que separa las cuencas del río Amazonas peruano y el Yavarí, que marca la frontera con Brasil, se ha transformado constantemente desde los años 90. Y con esa transformación, los cultivos de coca se han incrementado a pesar de que el Corah, la fuerza policial de erradicación de cocales en Perú, ha realizado operaciones en sus tierras al menos tres veces.
En Perú, la siembra de coca no es ilegal, pero sí la resiembra, la transformación o la venta para la producción de sustancias ilícitas.
Desde el año 1990 hasta el 2024, el área de Mariscal Castilla perdió 168,151 hectáreas de bosques, muchas de ellas son ahora plantaciones de coca.
A pesar de las erradicaciones, el informe oficial 2024 producido por Devida y UNODC revela la existencia de 8,120 hectáreas de cocales en la zona.
ProPurús, a través del proyecto ODDA, identificó hasta 12,267 hectáreas de coca para el 2025.
Es más, en 2023 el ODDA alertó la existencia de tres pistas de aterrizaje vinculadas a los cocales, dos de ellas, en tierras controladas por los israelitas.
Carla Limas, responsable del ODDA, descubrió en un nuevo monitoreo satelital cinco pistas de aterrizaje construidas después del 2023. En total, hay ocho pistas de aterrizaje clandestinas en la provincia de Mariscal Ramón Castilla.
Gracias en parte a estos informes, el Corah instaló una nueva base en uno de los crecientes asentamientos israelitas, Santa Teresa del Yavarí, y está erradicando allí.
De nuevo, el Comando Vermelho
La expansión del Comando Vermelho y del PCC brasileños en la Amazonía peruana, sumada a la riqueza de las mercancías en tráfico, ha impulsado otros fenómenos violentos como la piratería fluvial.
Ambos grupos, fuertemente armados y equipados con veloces embarcaciones —algunas, incluso, blindadas—, atacan convoyes y pequeñas embarcaciones que navegan por los ríos amazónicos, huyendo con facilidad de las patrullas policiales.
Además de robar cargamentos de oro, drogas y animales silvestres, los piratas también asaltan a indígenas y ribereños que viajan a Leticia y Tabatinga en busca de víveres y productos básicos, reveló Gabriel Funari.
Incluso en las áreas donde la minería ilegal no es predominante, como en las proximidades de Leticia y Tabatinga, los impactos de la minería ilegal se hacen sentir.
La contaminación por mercurio —vertido en los ríos Solimões y sus afluentes— compromete la salud de la población local debido a la calidad del agua y de los alimentos consumidos en ambas ciudades.
La situación se agrava con la actuación de organizaciones criminales que, además de comandar el tráfico y otras actividades ilícitas urbanas, pasaron a invertir directamente en la extracción de oro.
Esta convergencia entre la minería ilegal y el tráfico transforma el territorio en un polo estratégico para el crimen organizado.
Con el manejo del negocio del oro, el CV tiene garantizada una presencia duradera en la región.
Según el consorcio de periodistas del proyecto Amazon Underworld, 473 municipios de la Amazonía registran la presencia de al menos una de los dos grupos criminales de Brasil. Esto representa el 71% de los municipios de los seis países analizados en el estudio.
Ambas organizaciones transformaron los puertos brasileños en piezas centrales del engranaje del tráfico internacional de drogas.
El PCC se consolidó como uno de los principales proveedores del mercado europeo de cocaína —estimado en más de 11 mil millones de euros—, mientras que Brasil se convirtió en el punto de partida del 70% de la cocaína incautada en África y el 46% de la interceptada en Asia entre 2015 y 2021.
En la región amazónica, Manaos funciona como punto estratégico: la droga llega por el Amazonas y de allí se distribuye al consumo interno como y al mercado internacional.
Tanto el PCC y el CV mantienen una fuerte presencia en Belém y en Manaos, ciudades brasileñas convertidas en nodos logísticos esenciales para el narcotráfico en la Amazonía y más allá.
Pero no son los únicos grupos. En total, hay 22 facciones criminales actuando en la región amazónica de Brasil.
Es ante este escenario que "Floresta em Pó" propone desplazar el eje del debate. Para cumplir metas climáticas ligadas al uso de la tierra, avanzar en una sociobioeconomía de bajo carbono y proteger pueblos y comunidades tradicionales, será necesario desarticular las redes criminales que dominan territorios, y esto no sucederá sin romper el paradigma prohibicionista.
La propuesta central es la de Reducción de Daños Ecológicos, que significa reclasificar plantas hoy prohibidas, no como amenaza, sino como activos culturales, terapéuticos y económicos, bajo gobernanzas indígenas y comunitarias.
La ruta incluye restaurar derechos tradicionales al uso, al cultivo y a la comercialización; proteger la propiedad intelectual de pueblos originarios; crear mecanismos de transición regulada, reparación y barreras a la captura corporativa; e inscribir derechos ecológicos en las reformas económicas y sociales de drogas.
En síntesis, descriminalizar territorios y personas históricamente castigadas por la prohibición para abrir espacio a sistemas sostenibles, capaces de salvaguardar la dignidad humana y la biodiversidad.
Para los especialistas autores del informe, la fórmula es directa: no habrá deforestación cero mientras haya guerra contra drogas a base de plantas.
El peso que tiene la producción de coca en Perú y Colombia se traslada por Brasil pero también se consume allí. Este es un problema transfronterizo, y si la acción de los gobiernos continúa desarticulada, las organizaciones criminales y sus aliados seguirán ganando.
Cecília Olliveira
Cecília Olliveira es una periodista brasileña con una sólida formación académica y una trayectoria profesional enfocada en el análisis de la criminalidad, seguridad pública y política de drogas. Posee un posgrado en Criminalidad y Seguridad Pública de la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Complementó su especialización con cursos internacionales relevantes, destacando su participación en el programa de Políticas de Drogas, VIH y Derechos Humanos de Intercambios Asociación Civil, el curso sobre Cobertura del Narcotráfico de la University of Texas en Austin, y el Latin American Advocacy Fellowship Program on Drug Policy Reform, como becaria de la Open Society en Londres. Esta base académica y técnica ha sido fundamental para su enfoque en el periodismo investigativo de alta complejidad y el uso de datos en la comprensión de la violencia armada.
Su carrera se distingue por la dirección de iniciativas de alto impacto y su rol como consultora especializada. Olliveira es la directora fundadora del Instituto Fogo Cruzado y directora de la Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI). Previamente, se desempeñó como consultora para Amnistía Internacional, donde concibió y desarrolló el Instituto Fogo Cruzado, una plataforma que emplea tecnología para generar y difundir datos abiertos y colaborativos sobre la violencia armada en cerca de 50 municipios en Río de Janeiro, Bahía y Pernambuco. Además, fue consultora de comunicación para LEAP Brasil y asesora del Programa de Reducción de la Violencia Letal (PRVL) —una iniciativa del Observatório de Favelas en conjunto con UNICEF y la Secretaría de Derechos Humanos— y coordinó el equipo de comunicación de Redes da Maré. Su labor de reporteo e investigación fue reconocida al ser finalista del Premio Reporteros Sin Fronteras para la Prensa de 2020, un galardón que destaca las voces más valientes en los medios globales.
Vinicius Madureira
Vinicius Madureira es un profesional que articula la práctica del periodismo con una cualificación especializada en estudios estratégicos y defensa. Su formación académica se distingue notablemente por la obtención de una Maestría en Seguridad Internacional y Defensa otorgada por la Escola Superior de Guerra (ESG). Este posgrado formal establece una base analítica robusta y técnica, crucial para la comprensión profunda de escenarios geopolíticos, estructuras de seguridad nacional e internacional, y la dinámica de las amenazas contemporáneas, permitiéndole abordar investigaciones de alta complejidad con una perspectiva informada sobre los vectores de poder y conflicto.
En el ámbito profesional, Madureira ha consolidado su trayectoria en plataformas de periodismo de investigación de alcance global. Ejerció la función de reportero en el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), una red internacional de renombre por su dedicación a la exposición de la criminalidad organizada transnacional y la corrupción sistémica. Paralelamente, trabajó como investigador para InSight Crime, una organización especializada en el análisis y la documentación exhaustiva del fenómeno del crimen organizado en América Latina. Adicionalmente, sus colaboraciones en importantes medios de comunicación brasileños, como la Revista piauí y la Agência Pública, demuestran la aplicación consecuente de su rigor investigativo en reportajes de significativa relevancia en el panorama periodístico nacional.
Ivan Brehaut
Ivan Brehaut es un periodista ambiental y consultor con una trayectoria de más de tres décadas dedicada a la Amazonía y sus pueblos, fusionando la gestión de proyectos de conservación y desarrollo con la investigación periodística de alto impacto. Ha participado activamente en la creación de varias áreas protegidas como el Parque Nacional Otishi y la Reserva Comunal Asháninka y en la obtención de la seguridad jurídica de extensos territorios indígenas.
Como investigador y periodista galardonado, su enfoque se centra en los delitos ambientales —incluyendo el tráfico de fauna, la deforestación y el crimen organizado—, y en la crítica situación de los defensores indígenas en regiones de alta complejidad, un trabajo que ha merecido becas de la Fundación Pulitzer, Bertha Foundation, CONNECTAS, IWPR y el Premio Gabo 2024 como parte del proyecto Amazon UnderWorld.
Este reportaje recibió el generoso apoyo del Rainforest Investigation Network del Pulitzer Center, que facilitó las imágenes de satélite para la investigación.