En pleno escándalo de los Rolex, gestión de Oscorima se comprometió a remodelar auditorio de jueces ayacuchanos
Alguien parece preocupado en Ayacucho. En pleno escándalo de los Rólex, el gobernador Wilfredo Oscorima, quien registra más de doscientos procesos judiciales, firmó un convenio con el presidente de la Corte de Justicia de Ayacucho para remodelar el auditorio de los jueces, pese a que un documento interno de la gobernación, con carácter reservado advierte que la gestión no tiene recursos. ¿Acto de desprendimiento o compra de "justicia"? El marco legal para el convenio fue dado por la propia presidenta Dina Boluarte.
En pleno escándalo por los relojes Rólex, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, el ‘wayki’ de la presidenta Dina Boluarte, suscribió un convenio con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Juan Ortiz Arévalo, para "colaborar en la consecución de objetivos que beneficien tanto a los ciudadanos como a los usuarios de la administración de justicia".
Oscorima registra 226 procesos judiciales, 188 de ellos, en Ayacucho, el sistema que preside el juez superior Juan Ortiz Arévalo, la contraparte del ‘wayki’ en esta historia y este convenio.
Se trata de un convenio que fue posible gracias a una norma promovida por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, apoyada por congresistas de la República también investigados y procesados, y firmada por su amiga y coinvestigada, la presidenta Dina Boluarte.
Su propósito inmediato era la ejecución de un paquete de obras de infraestructura para los órganos jurisdiccionales de las provincias de La Mar y Lucanas, por un monto superior a 32 millones de soles.
Sin embargo, de momento solo han logrado suscribir convenios específicos, pues la solicitud de habilitación de créditos presupuestales hecha por la gestión de Oscorima, fue declarada improcedente debido a la falta de disponibilidad de recursos.
Por el momento, se viene ejecutando un convenio por más de 1 millón de soles para que el Gobierno Regional de Ayacucho les remodele a los jueces su auditorio. A continuación les contamos la historia.
El convenio específico
El 17 de abril de 2024, tras la firma del convenio marco, se firmó el acuerdo específico por un total de un millón tres mil ochocientos treinta soles con 68/100 céntimos (S/. 1.003.830,68) para la construcción de un moderno auditorio con capacidad para 228 personas, lo que beneficiará directamente a jueces y trabajadores de la sede de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.
El argumento que se considera en el expediente es que el personal se ha incrementado y el espacio actual ya les resulta insuficiente.
Las gestiones administrativas se llevaron a cabo entre el 22 de febrero y el 17 de abril de 2024, culminando con la aprobación del convenio mediante una resolución ejecutiva regional.
El proyecto, bajo la modalidad de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión (IOARR), incluyó la elaboración del expediente técnico (ya aprobado el 25 de julio de 2024) y su ejecución, prevista en dos meses, entre agosto y octubre de 2024.
¿Se trata de un acto de buena voluntad o un conflicto de interés de parte del gobernador? Parecería más lo segundo.
Desde 2005, Oscorima ha acumulado, según los registros judiciales, 226 procesos: 188 en Ayacucho, 4 en Ica y 34 en Lima.
La mayoría de casos está relacionada con delitos contra la administración pública, específicamente en las modalidades de concusión y peculado, lo cual convertiría a Oscorima en el gobernador regional con mayor número de procesos judiciales en el país. De tal manera que algunas veces se presenta ante la justicia como investigado y otras como proveedor de recursos.
Una ley de Dina
En junio de 2023, el gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley 31774, que permite a los gobiernos regionales y locales financiar proyectos de infraestructura para el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Es una ley que impulsó el actual presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, en teoría como respuesta a la necesidad de mejorar las precarias condiciones de las sedes judiciales, muchas de las cuales funcionan en locales alquilados o en estado deplorable.
Aunque su objetivo es optimizar el servicio de justicia, la norma ha generado dudas desde su aprobación.
Uno de los que apoyó la iniciativa fue el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, José Luna Gálvez, un congresista investigado por organización criminal, cuyo voto, junto con el de parlamentarios de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, entre otros, resultó crucial.
Oscorima, investigado por corrupción, fue uno de los primeros en hacer uso de la nueva ley.
Contexto del convenio marco: los Rolex.
En 2023, en una operación secreta, Wilfredo Oscorima compró y "prestó" relojes Rolex y joyas lujosas a Dina Boluarte. A cambio, "el wayki" obtuvo la aprobación de decretos de urgencia que dispusieron la transferencia de aproximadamente 200 millones de soles a Ayacucho.
En este contexto, en noviembre de ese año el Gobierno Regional de Ayacucho firmó el primer convenio marco con la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.
La buena relación entre Oscorima y el presidente de la corte judicial ayacuchana, Juan Ortiz Arévalo, se hizo pública en agosto de 2023, cuando el ‘wayki’ asistió a las celebraciones por el Día del Juez, pero se habría fortalecido tras la firma del convenio marco en noviembre de ese mismo año.
El mismo mes, el Poder Judicial de Lima rechazó un pedido fiscal para imponer a Oscorima impedimento de salida del país por 24 meses, en el marco de la investigación del "caso Obrainsa". ¿Casualidad?
Contexto del convenio específico: más Rolex
En medio del escándalo mediático por el "préstamo" de los Rolex y las joyas a Dina Boluarte, se tramitaron los documentos administrativos para materializar la suscripción del convenio específico para la construcción del auditorio, con un presupuesto superior a 1 millón de soles.
El 14 de marzo, fecha en que el programa "La Encerrona" reveló el escándalo de los Rolex, la gestión de Oscorima emitió la Opinión Legal Nro. 05-2024-GRA, a favor de la firma del convenio.
A pesar del escándalo, el trámite para la suscripción del convenio continuó sin interrupciones.
La Corte Superior de Justicia de Ayacucho tampoco mostró indicios de frenar esta intención, lo que resultó sorprendente, considerando el discurso de lucha contra la corrupción que su presidente, Juan Ortiz Arévalo, ha expresado en ceremonias como la del Día del Juez.
En lugar de ello, las oficinas de ambas entidades continuaron emitiendo opiniones técnicas que respaldaban la iniciativa, lo que facilitó la suscripción del acuerdo el 17 de abril de 2024.
Por ejemplo, el subgerente de Finanzas del Gobierno Regional de Ayacucho, Edward Coronado Yupanqui, emitió una opinión señalando que contaban con créditos presupuestarios disponibles para financiar conceptos no previstos o que excedieran la asignación de recursos. En otras palabras, que había capacidad presupuestal para modificar la unidad ejecutora de las inversiones en favor del gobierno regional.
Pero eso es, por lo menos, contradictorio.
La propia gestión de Oscorima mencionó en su último informe de rendición de cuentas que hay escasez de recursos. Lo propio hizo la Contraloría General de la República en un informe de julio de 2024, que registró 131 obras paralizadas en Ayacucho debido a la falta de recursos financieros y de liquidez.
Esto sugiere una presunta maniobra forzada de la gestión de Oscorima para suscribir convenio con la Corte Superior de Justicia, cosa que ya era una práctica habitual del "wayki" en sus anteriores gobiernos regionales.
Hubo oposición al convenio
Epicentro Tv también accedió a un informe interno de la gobernación, con carácter "reservado", que se opuso a la aprobación del convenio por comprometer la sostenibilidad de los proyectos.
El informe destaca que el gobierno regional enfrenta serios problemas de infraestructura, ya que muchas oficinas operan en locales alquilados y requieren nuevas construcciones.
Revisamos la información consignada en el banco de inversiones del gobierno ayacuchano y confirmamos que existe un proyecto de inversión pública valorizado en casi 40 millones de soles que se encuentra en etapa de elaboración del expediente técnico, pero cuyo contrato podría ser resuelto.
Este proyecto contempla la construcción de un Centro Cívico en el terreno del Gobierno Regional de Ayacucho, conocido como "el Hueco", pensado para ocho niveles, dos de estacionamiento, un auditorio y áreas recreativas, además de mobiliario y equipamiento, capacitación en programas informáticos y gestión de servicios administrativos y públicos.
La opinión técnica señala que se debe priorizar este proyecto y no asumir compromisos que no son competencia del Gobierno Regional de Ayacucho, especialmente considerando el alto número de obras paralizadas.
La situación de la obra
Como era de esperarse, según la actualización de la calendarización, la obra del auditorio del Poder Judicial debió haber concluido el jueves 17 de octubre. Su plazo de ejecución era de dos meses, sin embargo, el avance físico y presupuestal hasta el cierre de esta nota, no superan el 27% y está clasificada como "obra en retraso".
No es todo. Presenta un incremento presupuestal de 48% en comparación con el monto original al momento de otorgarle viabilidad, que era de S/ 676,760.86.
Un modus operandi de Oscorima
La historia del acercamiento de Oscorima al Poder Judicial no es nueva. Ya lo hizo antes, durante sus primeras dos gestiones, entre 2011 y 2018.
Uno de los primeros escándalos de ese periodo fue el regalo de relojes Rolex que le habría hecho a uno de los principales magistrados del Poder Judicial de Ayacucho, Marcial Jara Huayta. A pesar del escándalo mediático de aquel momento (enero de 2011), las denuncias periodísticas no escalaron a nivel judicial.
Otro hecho cuestionado fue la contratación de familiares cercanos de magistrados de la Corte de Ayacucho en altos cargos de la gestión regional: direcciones sectoriales y gerencias regionales.
Además, uno de los casos emblemáticos de la época fue la contratación, como asesor de Oscorima, del abogado Boris Paz de la Barra, hermano de Vladimir Paz de la Barra, presidente del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) entre 2010 y 2014.
Otro caso fue el de Alfonso Donaires Cuba, hermano del expresidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, José Donaires Cuba -actual presidente de la Sala de Apelaciones de Huamanga y cercano al actual presidente de dicha corte-, quien ocupó el cargo de gerente Regional de Desarrollo Económico de Ayacucho. Incluso, Oscorima autorizó un viaje suyo a Costa Rica (en julio 2012) para que participe en un evento sobre temas de género, a pesar de que su gerencia no tenía esa competencia.
Asimismo, Pedro Prado Prado, hermano de César Prado Prado, ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y actualmente cesado por límite de edad, ocupó el cargo de director Regional de Trabajo, nada menos.
En enero de 2013, el entonces presidente de la Corte Superior de Ayacucho, Tony Changaray -con quien Oscorima tenía mucha cercanía-, suscribió un convenio con la gestión regional para la obra de mejoramiento de los servicios de administración de justicia en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, por un monto superior a un millón de soles.
Todos estos casos demuestran que el vínculo que el ‘wayki’ ha tejido con el Poder Judicial no es reciente, sino que se remonta a hace más de diez años. Es una situación que ha sido expuesta periodísticamente, pero quienes debían investigar no lo hicieron.
Desde el día martes 15 Epicentro Tv ha solicitado entrevistas con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y con un vocero del Gobierno Regional de Ayacucho, para que expongan sus argumentos en este reportaje.
Sus respectivos jefes de prensa no nos confirmaron ninguna posibilidad hasta el cierre de esta edición. El del Poder Judicial nos dijo que por "carga laboral" no nos atendería; el de la autoridad regional se comprometió a gestionar la solicitud, pero no respondió más.
Firman convenios que comprometen recursos públicos, pero no transparentan sus acciones ni dan la cara.