"El terrorismo urbano sólo se refiere a actos cometidos en una urbe"

El penalista Luis Vargas Valdivia, exprocurador Ad Hoc de los casos Fujimori-Montesinos, critica las modificaciones a la Ley de Crimen Organizado aprobada por el Congreso y a quienes proponen aprobar la figura penal de "terrorismo urbano", pues excluye delitos en zonas alejadas de las ciudades. Señala que los congresistas sólo buscan beneficiarse a sí mismos.

El abogado penalista y exprocurador para los casos Fujimori-Montesinos, Luis Vargas Valdivia, criticó que algunos sectores de la política y del empresariado peruanos planteen la aprobación del tipo penal de "terrorismo urbano" como la alternativa para combatir a las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato.  

"Esas sólo son soluciones que buscan generar impacto mediático, pero no van a generar un impacto directo. ¿Qué diferencia hay entre "terrorismo" y "terrorismo urbano"? Terrorismo es terrorismo", dijo Vargas. 

Apuntó que el Código Penal y, en general, el ordenamiento legal, define debida y adecuadamente los actos de terrorismo y, por esa razón, el concepto mismo de "terrorismo urbano" es excluyente. 

"¿Qué es "terrorismo urbano"? Son actos cometidos en una urbe, en una ciudad. ¿Y lo que se hace fuera de la ciudad? Por ejemplo, Madre de Dios. Allí, tenemos gran impacto de minería ilegal, que conlleva otros actos delictivos como la trata de personas y la corrupción. Pero no puede entrar en este concepto, porque no es zona urbana", manifestó. 

Asimismo, Vargas cuestionó que el Congreso haya aprobado la Ley 32108, que redefinió el concepto de "organización criminal", pues, consiguió que varios delitos como la extorsión o la usurpación de tierras sean excluidos del ámbito de la criminalidad organizada. 

"Lo que hicieron fue redefinir, sí, pero para reducir el ámbito de aplicación de la norma. Hicieron varios tijeretazos y ahora la norma no es aplicable a una serie de circunstancias, por ejemplo, para las organizaciones que se dedican a la extorsión", señaló. 

Por ello, advirtió que si la extorsión ya no es parte de la Ley de Criminalidad Organizada, las organizaciones criminales no podrán ser procesadas por organización criminal. 

"Pero, además, esto va a influir en el plazo de la investigación, en temas como las medidas cautelares, en la imposibilidad de enmarcar una respuesta adecuada no solo de índole penal sino, además, financiera. Esto es lo que esta gente (del Congreso) no entiende", lamentó.  

Sobre otro de los delitos que queda fuera de la figura de criminalidad organizada -la usurpación de tierras- Vargas Valdivia se preguntó: "¿Acaso no sabemos que existen organizaciones dedicadas al tráfico de tierras? ¿Por qué queda eso fuera?". 

"(Los congresistas) dicen "no, estamos aumentando las penas". Claro, pero, por otro lado, aprueban una ley que aumenta la condicionalidad de la pena hasta cinco años, y permite que a condenados hasta ocho años se les modifique la pena por la modalidad del brazalete electrónico. ¿Por qué hasta cinco años y no hasta cuatro? Para incluir, precisamente, a aquellos congresistas que serán procesados por delitos de tráfico de influencias o los que se han aprovechado de los sueldos", alertó. 

Congreso se beneficia a sí mismo

El penalista afirmó que desde hace un buen tiempo el Congreso está inmerso en una campaña para disminuir la respuesta del Ministerio Público y del Poder Judicial frente a las investigaciones contra varios parlamentarios por graves delitos en los que están envueltos. 

"Las leyes que aprueban restringen la capacidad de respuesta de los entes constitucionales llamados a realizar las investigaciones y buscar la sanción por los actos delictivos en los que están involucrados. Esto es, básicamente, una campaña, de la que somos víctimas todos los peruanos", sostuvo. 

Vargas Valdivia también criticó la propuesta de creación de fiscalías especializadas para casos de extorsión, pues, ya existen las fiscalías contra la criminalidad organizada. 

"Eso ya existe. Lo que hacen no es ignorancia, es simple y llanamente una respuesta política a efectos de engañar a la ciudadanía, pero, prácticamente han restringido la capacidad de respuesta de la Fiscalía Supraprovincial de Crimen Organizado, disminuyendo la posibilidad de diversas personas que se encuentran involucradas en una serie de delitos que han sido dejados de lado", lamentó.