Sus habilidades para ejercer un cargo público quedaron en tela de juicio por ser madre de familia. Le ocurrió a Jeny Lavado Santiago, natal de Huánuco, cuando se presentó para ocupar el puesto de Asistente Administrativo en la fiscalía provincial Penal del distrito de Pedregal, en Arequipa. Durante la entrevista, que fue transmitida en vivo a través de las redes sociales de la entidad, al magistrado Santiago Irigoyen Díaz, presidente de la Junta de Fiscales Superiores, se le oye formular preguntas de carácter personal e íntimo para evaluar si Jeny Lavado estaba apta para desempeñarse en el cargo.
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre cuando Jeny Lavado se presentó ante Irigoyen Díaz, el licenciado y gerente administrativo, Rennier Moreno Arias; y la representante de Oficina General de Potencial Humano, la magíster en gerencia social Carla Acosta Navarro. Durante la exposición, sin embargo, lejos de evaluar su preparación académica e intelectual para el puesto de trabajo, lo primero que se sometió a juicio fue si era casada y cuántos hijos tenía.
“He escuchado que tienes dos hijos. ¿Mayores?”, se le escucha decir a Irigoyen durante la conferencia. “Una mayor y una menor doctor”, responde Jeny. Indica que la segunda hija tiene apenas un año y medio ya que ha sido madre después de casi dos décadas. Irigoyen le pregunta si está casada. Jeny contesta que sí, que su esposo trabaja en el Poder Judicial de Huánuco. “Esto significa que si usted viene aquí, estaría desarticulando la unidad familiar”, responde entonces el magistrado.
Jeny contesta la interpelación diciendo que “la familia no es un obstáculo para que uno como mujer, como profesional quede estancada”. Y asegura que “si el destino me manda para Arequipa. Yo me voy, doctor. Para mí no es impedimento”. Ante su respuesta, Irigoyen insiste y le pregunta si en caso de obtener el puesto, “donde dejaría a su hija” y da a entender que sería imposible que pueda hacerse cargo de ambas responsabilidades.
“Usted sabe que la fiscalía donde usted va a entrar es de elevada carga. Lo sabe usted, ¿no?”, le dice. “Ese no es un impedimento”, responde Jeny. “Todo es de elevada carga”, sostiene. Irigoyen, ante el silencio sepulcral de sus colaboradores, le pregunta a Jeny Alvarado si ha escuchado sobre “el interés superior del niño”, un principio rector reconocido en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño que sostiene que toda decisión debe ser orientada al bienestar de los menores.
“Sí, doctor”, respondió ella. “Sí he escuchado. Significa que no debemos descuidarnos de la atención del menor, pero doctor, disculpe, si fuese así la idea de que las mujeres no podemos trabajar por el hecho de no tener un hijo, doctor. ¿Qué sería también de nosotras?”, contesta.
La entrevista no tardó en volverse viral en la red causando una ola de críticas por la actitud del magistrado Santiago Irigoyen. Según especialistas consultados por EpicentroTv para esta publicación, el juez en cuestión tuvo un razonamiento sesgado, discriminatorio y totalmente impertinente.
“Para la selección de una persona, ya sea para un cargo público o para un puesto en el sector privado, lo importante es preguntar sobre las competencias profesionales. Cualquier cuestionamiento sobre la vida íntima o personal, que se realice en este contexto, puede ser entendida como un acto de discriminación”, sostiene la abogada Fátima Toche. “¿Qué relación lógica puede haber entre el conocimiento de un hecho privado y personal del entorno familiar con la competencia para un cargo público o privado?”, cuestiona.
La Directora Ejecutiva de Promsex, Susana Chávez, concuerda. Desde su punto de vista, el magistrado Santiago Irigoyen ha apelado al marco legal de la Convención de los Derechos del Niño como si Jeny Lavado estuviera cometiendo un delito al querer tener un empleo a la vez de ser mamá. “Ese señor no ha entendido cuál es la función de una familia, lo que significa la distribución de responsabilidades, los cuidados democráticos, la importancia de que los niños y niñas puedan tener un entorno que los proteja y no solo a la mamá como única unidad”, dice.
Para Cecilia Olea, presidenta del directorio del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, esta visión de cómo supuestamente el género femenino y masculino deben ejercer sus roles es antagónica. “Esa mentalidad se quedó anclada en la Edad Media, en la época en la que no se reconocían derechos a las mujeres, cuando se pensaba que las mujeres ricas estaban para aprender a cómo mantener al marido y las mujeres pobres a cómo trabajar de sirvientas. Lastimosamente, eso no se ha roto”, sostiene.
El artículo 26 de la Constitución Política del Perú tipifica que en la relación laboral se deben respetar la igualdad de oportunidades sin discriminación, la Política Nacional de Igualdad de Género promueve reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres, y en julio de este año se establecieron los lineamientos para la transversalización del enfoque de género en la gestión publica. Sin embargo, pese a todo, la normativa sigue cayendo en saco roto.
Lineamientos Para La Transversalizacion Del Enfoque de Genero en La Gestión Publica by Epicentro TV on Scribd
“El problema es que la implementación de estos lineamientos no es de un día para otro. Es un mandato que se da a todas las entidades públicas con el objetivo de que lo vayan trabajando progresivamente”, explica Fátima Toche. Para esto es “fundamental que el Poder Judicial tenga una oficina que desarrolle políticas de género”, añade Susana Chávez. “Si esto ocurre con una postulante abogada, imagínate que puede pasar con una mujer que va a solicitar su derecho porque ha sido maltratada o violada, y aquí vienen las típicas preguntas ‘¿y tú qué habrás hecho?'”. La base, como todo, es la educación, opina por su parte Cecilia Olea. “La actitud del magistrado es una expresión de este sistema patriarcal que está tan enraizado y que se manifiesta a través del machismo de este funcionario público. Necesitamos construir nuevas masculinidades”, explica.
EpicentroTV contactó a Jeny Lavado Santiago para conocer sus descargos. “Las mujeres con hijos tenemos la capacidad para prosperar en la vida. La familia no tiene por qué ser un obstáculo”, nos respondió. Aseguró también que era la primera vez que experimentaba una situación de discriminación en su vida. “Para mí sus preguntas fueron machistas. Me dio a entender que como mujer debería dedicarme al cuidado de mi menor hija ya que si trabajaba afectaría al interés superior del niño”.
Luego de haberse revelado esta entrevista, el Ministerio Público emitió un oficio para que los presidentes de las juntas de fiscales, coordinadores nacionales y gerentes de la entidad “incorporen el enfoque de género y erradiquen estereotipos e ideas sexistas en los procesos de selección de personal”. El documento fue firmado por la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera. La Defensoría del Pueblo también descalificó la entrevista laboral. “Rechazamos que se recurra a estereotipos asociados a responsabilizar exclusivamente a las mujeres con las labores de cuidado, lo cual impacta en su desarrollo profesional”, sostuvieron a través de redes sociales.
Pese a todo, Jeny Lavado Santiago no ganó el concurso público para ocupar el cargo de Asistente Administrativo. Las especialistas consultadas por EpicentroTv opinan que “el proceso está viciado” por los denostados sesgos del presidente de la Junta, Santiago Irigoyen y que debería volver a ejecutarse.
Consultamos a la Defensoría del Pueblo sobre cómo actuar frente a esta problemática y cómo evitar que otras mujeres pasen por lo mismo. Adujeron que era necesario establecer documentos y normativas más específicas sobre cómo realizar entrevistas laborales para cada institución. También consultamos si Irigoyen recibiría algún tipo de sanción por sus actos. Nos respondieron que el órgano de control interno de la entidad pedirá información para evaluar el caso.
