La suerte presidenta Dina Boluarte está en manos del Congreso de la República.
Su hermano Nicanor es acusado de haber cobrado por nombrar prefectos y subprefectos. Y su abogado está detenido por haber intentado sobornar a agentes del equipo policial asignado a la Fiscalía, para que archivaran la investigación a Nicanor.
En un intento desesperado por evitar la inminente detención del hermanísimo, el gobierno de Boluarte desactivó el equipo policial de apoyo a EFFICOP. Entonces, el Ministerio Público le abrió investigación preliminar a Boluarte como instigadora del presunto delito de encubrimiento personal.
La presidenta también es investigada por los presuntos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito por el caso Rolex. Además, se indaga su presunto abandono del cargo para someterse a una cirugía estética.
El Congreso tiene dos caminos: una denuncia constitucional por infracción a la Constitución o una vacancia por incapacidad moral permanente. Sin embargo, no parece que ninguna de ambas cosas vaya a ocurrir a corto plazo.
Una posible salida a futuro es modificar la figura de la inmunidad presidencial para evitar que siga operando como una fuente de impunidad.
