Congreso bicameral elimina comisión indígena y agudiza crisis de representación
El nuevo diseño institucional del Congreso bicameral elimina la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), lo que implica una mutilación radical de la representación de los pueblos indígenas en el poder legislativo, que ya estaba en claro retroceso en los últimos años. No solo se trata de lo que implica esta decisión hacia el futuro sino de lo que significa en el actual contexto de limitación de los espacios de participación ciudadana en la política nacional.
La aprobación del nuevo reglamento del Congreso, que implementa el sistema bicameral a partir de 2026, ha resultado en la eliminación de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), especialmente en la nueva Cámara de Senadores. Esta decisión, calificada por expertos y organizaciones como un "grave retroceso", no sólo suprime un espacio institucional crucial, sino que exacerba una crisis sistémica de subrepresentación política que margina a vastas regiones del país, como el sur andino y la Amazonía, en medio de la peor crisis política que vive el Perú.
El espejo de la exclusión: Cero representación
La seriedad de esta eliminación se entiende al considerar la exclusión estructural que ya enfrentan los pueblos indígenas. Un estudio fundamental de la Fundación Friedrich Ebert (FES), "(Sub) representación política de los pueblos originarios en el Perú", revela una realidad contundente: de 720 escaños parlamentarios ocupados desde 2001, solo siete fueron ocupados por congresistas autoidentificados como indígenas. Aún más preocupante, en los dos últimos congresos (2020 y 2021), la representación fue nula.
Para Ricardo Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL), esto evidencia un problema de fondo que trasciende la legalidad. "No es un problema de inconstitucionalidad", advierte, "sino de absoluta inconveniencia. Dice mucho de cuánto importan los pueblos indígenas para la clase política. Y la respuesta es nada".
Ruiz Molleda señala que esta decisión agrava la "subrepresentación" estructural, donde mecanismos como la cuota indígena son neutralizados al colocar a los candidatos "en la cola" de las listas. La eliminación de la comisión, por tanto, suprime el único fuero especializado que tenían.
Esta exclusión política tiene un impacto territorial directo. Regiones con fuertes movimientos sociales y población originaria, como el sur peruano de mayoría aymara y quechua, o la totalidad de la Amazonía, pierden su principal canal de interlocución y fiscalización en el Legislativo.
Voces de alerta: "Amenaza real" y "Racismo"
Ya hay claras reacciones de las propias organizaciones indígenas de base.. El portal de noticias Servindi reportó el rechazo de un bloque de federaciones indígenas de Loreto (Lote 8), quienes dirigieron una carta de protesta a la Comisión de Constitución.
En la misiva, las federaciones (FECONACERC, FIURCO, FEPIURCHA Y FEIRCHA) calificaron la eliminación como un "acto de invisibilización y menosprecio". Rechazaron ser relegados a una simple "Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Diversidad Cultural", subrayando: "No somos una simple categoría de 'diversidad'; somos naciones, con idiomas, tradiciones y sistemas propios reconocidos por la Constitución y tratados internacionales".
Esta postura se suma a la alerta del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP) que emitió una advertencia hace varias semanas calificando la medida como una "amenaza real" que invisibiliza a los pueblos originarios en la nueva estructura parlamentaria.
Iris Olivera, de la ONG DAR, fue más enfática, denunciando la decisión como "una forma más de racismo" que "prácticamente desaparece el tema ambiental". Olivera subraya un peligro funcional: la eliminación de este grupo de trabajo anula los "contrapesos en el mismo Congreso" necesarios para debatir leyes que impactan directamente territorios indígenas y áreas naturales.
Aunque el ingeniero Gustavo Suárez de Freitas recuerda que "la necesidad de asegurar la sostenibilidad ambiental (...) no desaparece" solo por eliminar una comisión, también reconoce que su fiscalización ahora dependerá de la voluntad de otros grupos de trabajo que no son especializados.
Debe tomarse en cuenta que esta confluencia clave en la actual comisión, que relaciona pueblos indígenas con medio ambiente, ha permitido una valoración integral de los temas, reconociendo su importancia para un porcentaje significativo de la población peruana.
Síntoma de una crisis política mayor
Esta medida no ocurre en el vacío. El analista político y constitucionalista Pedro Grández la sitúa como un síntoma más de la deriva autoritaria del Legislativo, en lo que denomina un "parlamentarismo de facto".
Grández argumenta que el modelo político ha mutado mediante acciones que "golpean el principio de equilibrio y control del poder", como la desactivación de la cuestión de confianza, la censura de ministros y las decisiones del TC para habilitar juicios políticos "ad-hoc".
En este contexto, la eliminación de la comisión indígena se suma a esta centralización del poder. El Congreso actual consolida su poder eliminando las voces disidentes y los espacios de representación de minorías.
Si bien normativas clave como la Ley de Consulta Previa (Ley 29785) y la Ley PIACI (Ley 28736) siguen vigentes, la desaparición de su comisión natural en el Congreso augura una mayor dificultad para su defensa y supervisión, profundizando la brecha entre el Estado y los pueblos originarios del Perú.
El Congreso y el Crimen Organizado
El país sufre una alarmante crisis de criminalidad, reflejada en la violencia del crimen organizado de todo nivel. Una de las circunstancias que facilitan el surgimiento y aceptación ciudadana de los actos delictivos es lo que está explicado en una reciente publicación del Banco Mundial: "la falta de educación y oportunidades económicas interactúa y es exacerbada por la inequidad política. Grandes segmentos de la población de América Latina y el Caribe no tiene voz ni agencia".. La inequidad política es una fuente de desencanto real que incrementa la demanda de formas alternativas de gobernanza, incentivando el deseo por tener los servicios que las organizaciones criminales proveen".
¿Habrán leído los congresistas el estudio del Banco Mundial o tendremos que esperar al efecto de este nuevo recorte de derechos se transforme en más delincuencia y sangre en las calles?