En desacato. A pesar de que la Corte IDH ordenó al Perú que se deje sin efecto la Ley 6951, la Comisión Permanente del Congreso aprobó con 15 votos a favor la norma que, de ser promulgada por Dina Boluarte, cerca de 600 procesos penales se verán perjudicados.
El presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén cuestionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) haya exhortado a los tres poderes del Estado del Perú a dejar sin efecto el proyecto de Ley 6951, más conocida como la “Ley de Amnistía o Impunidad”, y tildó de “insólito” esta exigencia alegando que la norma “ni siquiera se ha convertido en ley”.
Sin embargo, 24 horas después de sus declaraciones, el Congreso aprobó el proyecto, desacatando oficialmente lo dispuesto por la Corte IDH, con 15 votos a favor y 12 en contra. A la Comisión Permanente sólo le tomó diez minutos lograrlo, pues no hubo debate.
“Esta norma no pretende ser una amnistía, como maliciosamente se ha insinuado. Tampoco implica un desconocimiento de los compromisos del Estado peruano en materia de derechos humanos”, sostuvo la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, antes de iniciada la votación.
Con la aprobación de esta ley se permitirá que se archiven los delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002. Es decir, que condenas podrían quedar anuladas, los juicios paralizados y casos emblemáticos de violación de derechos humanos como Barrios Altos y La Cantuta, que ya tienen sentencias, quedarían impunes. Se calcula que alrededor de 600 procesos penales serían perjudicados. En tanto, los expertos advierten que la norma beneficia por igual a Alberto Fujimori y a la cúpula de Sendero Luminoso.
Hace un mes el Congreso aprobó el proyecto en primera votación, lo que generó el rechazo del Ministerio Público y de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.
“Que hagan lo que quieran”
Lejos de pensar en que esta aprobación es un desacato a la jurisprudencia del sistema interamericano, los autores de esta ley, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, y José Cueto, no agrupado, afirmaron que la Corte IDH, “es un tentáculo de la mafia caviar”, y que este organismo miente al mencionar que se vulnerarán los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Pese a que el tribunal supranacional ya ordenó que se deje sin efecto la Ley 6951, Cueto aseguró que no responderán, ni entrarán en “el juego”, pues no les afecta y “no tiene ninguna consecuencia”.
“¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer? Que hagan lo que quieran y que comuniquen lo que quieran, por último, nos salimos de la Corte”, señaló el congresista.
Según expertos de la ONU, la adopción de esta ley “sí contraviene el derecho internacional”, pues impedirá que aquellos que cometieron estos crímenes, antes del 2002, sean condenados, sancionados o perseguidos penalmente, “obstaculizando el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas".
Los expertos también advirtieron que los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni se derogan, según el artículo 1 de la convención de las Naciones Unidas.
"La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma de jus cogens y de derecho internacional consuetudinario, de la cual no se admite derogación alguna y a la cual el Perú debe adherirse", agregaron los expertos.
Lo que nos espera
Lo que continúa, tras la aprobación de la ley, es que la presidente Dina Boluarte la revise, la firme y la promulgue en el plazo de quince días hábiles. Teniendo en cuenta la posición del Estado peruano durante su presentación ante la Corte IDH el pasado 17 de junio y la declaración del miércoles último del premier Adrianzén, es casi imposible que la jefa de Estado observe la norma.
