Un sistema de protección que no solo no funciona sino que además, en algunos casos, revictimiza como es el caso de Andrea, la niña de 13 años violada y embarazada por el psicólogo que la atendió en la Unidad de Protección Especial (UPE). Lamentable los casos de inoperancia y de violación de ley están a la orden del día.
Ministerio de la Mujer anuncia acciones en las Unidades de Protección Especial tras el caso que publicamos esta semana de Andrea. Una niña de 13 años violada y embarazada por el psicólogo que la trató en la UPE de Ucayali. Elba Espinoza, viceministra de Poblaciones Vulnerables, anuncia que todos los trabajadores de estas unidades pasarán una evaluación psicológica, se fortalecerá su capacitación para que actúen de acuerdo a ley, y se revisará la documentación que hay presentado para ser contratados. Y es que Luis Ángel Yacila Ortega, el presunto violador de Andrea figura como inhabilitado por el Colegios de Psicólogos.
La viceministra de la Mujer, además, alegó que encontraron las UPEs desfinanciadas, sin capacidad para operar por lo que se solicitó y fue concedido un presupuesto de emergencia para este año de dos millones setecientos mil soles, al tiempo que ya se ha asignado para partida de siete millones de soles para el próximo año con la intención de mejorar este servicio de las 27 UPEs que atienden al año a más de 28.000 niños y adolescentes en riesgo.
Se mire por donde se mire el sistema de protección de menores no solo no funciona sino que, además, en algunos casos los revictimiza. Echemos una mirada a lo que ha pasado recientemente. En Loreto la directora de la UPE, violando la ley, trató de disuadir a la madre de Mila, una niña violada y embarazada de 11 años, para que no solicitara el aborto terapéutico. En este mismo caso el Centro de Emergencia Mujer y la UPE, que no actuaron a pesar de las denuncias hechas Mila y su tía meses antes de quedar embarazada, ahora criminalizan a su madre pidiendo a la fiscalía que la incluya en el proceso como cómplice de agresión sexual, cuando ella también ha sido víctima de violencia. Mila sigue en un albergue, no puede ver a su madre. El sistema criminaliza a su madre también víctima de violencia, la mantiene lejos de ella, pide que el Ministerio Público la incluya como cómplice de su violación sistemática, y por otro lado le devuelve a sus otros tres hijos también menores de edad.
Si hablamos del caso de la niña de 13 años violada en Cajamarca por sus abuelos, la intervención del Ministerio de la Mujer fue también de juzgado de guardia. En un primer momento el Centro de Emergencia Mujer del lugar, trató de disuadirla a ella y a su madre para que no solicitaran el aborto terapéutico.
El sistema de protección no está funcionando, y las medidas anunciadas por la viceministra no son suficientes para garantizar el resguardo de niños/as y adolescentes en riesgo.
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Clara Elvira Ospina Garzón
