La defensa de los fiscales del caso Lava Jato

Los fiscales a cargo del equipo especial Lava Jato han hecho uso de su derecho de defensa en las investigaciones iniciadas en su contra por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público.

A puerta cerrada, pese a que no era una audiencia reservada, el coordinador del equipo especial Lava Jato, fiscal superior Rafael Vela, expuso durante diez minutos sus argumentos frente a la apelación que presentó contra la resolución de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, que lo suspende por 8 meses y 15 días de su cargo.

La sanción impuesta a inicios de octubre por la ANC, liderada por Juan Antonio Fernández Jerí, se debe a unas declaraciones emitidas en 2020, cuando Vela cuestionó la decisión del Poder Judicial de excarcelar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, próxima a encarar un juicio oral por lavado de activos. La resolución fue firmada por el fiscal superior provisional Carlos Muñoz León tan solo un día después de haber sido designado por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la ANC.

Días después, Rafael Vela presentó una apelación a la resolución al considerar que la sanción fue impuesta “de manera arbitraria e injusta sin haberse acreditado con ningún elemento fáctico”.

La audiencia de apelación se realizó la mañana del miércoles y fue liderada por la fiscal adjunta suprema provisional Giuliana Ortíz Zavaleta, encargada del procedimiento disciplinario en la comisión de apelación de la ANC. Antes de iniciar su exposición, Vela solicitó la presencia de los medios de prensa a través del Google Meet, sin embargo, la fiscal Ortíz Zavaleta se opuso y aseguró que la ANC no mediatiza sus casos.

En su declaración ante la ANC, el fiscal Vela dejó constancia de que no se dejó entrar a la prensa, lo que ha sido considerado por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) como una afectación al derecho de la información de la ciudadanía de un hecho de alto interés público.

La @ANP_periodistas rechaza opacidad en sesión de @ANCMP_Peru que evalúa apelación de fiscal Rafael Vela. Periodistas de diversos medios fueron impedidos de acceder virtualmente a audiencia. Esto afecta derecho a información de la ciudadanía en un hecho de alto interés público pic.twitter.com/c0IkNMLp7Z

— ANP Perú (@ANP_periodistas) November 22, 2023

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato dijo, además, que había solicitado la presencia de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, porque fue a ella a quien informó, a través de un correo electrónico, que iba a dar las declaraciones por las cuales ha sido sancionado.

Denuncia a fiscal

Paralelamente, el fiscal Rafael Vela presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y Antonio Fernández Jerí, de la ANC, por supuestamente haber filtrado su certificado de salud al programa de Phillip Butters, que emite Willax.

Vela había solicitado ante la ANC que la audiencia de apelación fuera reprogramada debido a una complicación de salud que sufría, por ello presentó ante la entidad un certificado médico. Sin embargo, el documento fue difundido ese mismo día en el programa de Willax.

Además, Vela ha denunciado a Fernández Jerí por hacer abuso de sus funciones en la ANC y porque no se están dando las condiciones para el debido proceso. Asimismo, ha pedido a la JNJ que por un proceso administrativo excepcional sean ellos quienes asuman los procesos en su contra y evalúen si cometió falta grave al hacer las declaraciones sobre el caso de Keiko Fujimori.

Cambio de juez

Como parte de su defensa legal, el fiscal superior también presentó una demanda de amparo contra la ANC, el pasado 20 de octubre ante el Poder Judicial. En sus argumentos, Vela aseguró que la resolución que lo sanciona por 8 meses y 15 días, vulnera una serie de derechos y garantías propias de su derecho al debido proceso.

“Estoy siendo afectado, por un lado, en mi derecho a contar con un órgano decisor imparcial, y por otro, en mis derechos al ejercicio pleno de la función pública”, dice el documento.

Vela asegura que en reiteradas ocasiones, el jefe de la ANC, Antonio Fernández Jerí, ha realizado declaraciones públicas adelantando opinión lo que no garantiza imparcialidad en el proceso. Por ello, solicita que sea la Junta Nacional de Justicia quien lleve a cabo la investigación.

La demanda fue admitida el 7 de noviembre por el juez Juan Fidel Torres Tasso, del 9 Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin embargo, el juez fue suspendido por el Poder Judicial por un plazo de 30 días. En su reemplazo, ha sido designado temporalmente, según informó IDL, el juez William Pachas López, quien actualmente se desempeña como secretario del 15 Juzgado Civil Comercial de Lima, adscrito al juez José Miguel Hidalgo Chávez.

¿Quién es José Miguel Hidalgo Chávez? El juez está implicado en uno de los casos más grandes de corrupción y tráfico de influencias, ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. En el 2019, la Fiscalía allanó su despacho en un megaoperativo iniciado en contra de siete jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima, por sus vinculaciones con el empresario Mario Mendoza.

En su declaración como colaborador eficaz, el exjuez presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos, dijo que Mario Mendoza organizó una cena en su casa con varios magistrados, uno de ellos fue el juez Miguel Hidalgo Chávez. El objetivo de la reunión era pedir intercambio de favores con los integrantes del sistema de justicia.

La audiencia única para ver la acción de amparo ha sido programada para el 19 de enero del próximo año.

Niega falta de respeto a fiscal

Por otro lado, el también integrante del Equipo Especial Lava Jato, fiscal José Domingo Pérez, ha presentado sus descargos ante la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público por el proceso disciplinario que se le abrió por supuestamente criticar a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La ANC inició una investigación preliminar por el plazo de 30 días contra el fiscal Domingo Pérez luego que denunció en una entrevista en Canal N que varios de sus colegas sufren "acoso", "intimidación" y "hostigamiento" por parte de la ANC.

"Sabemos que hay excesos, abusos por parte de algunas decisiones que se están tomando de la Autoridad Nacional de Control, esperamos que se tomen las medidas correctivas del por qué y cómo se designó a estas autoridades y que pronto el Ministerio Público pueda recobrar su estabilidad institucional", dijo entonces.

En su descargo público, José Domingo Pérez negó haber faltado el respeto a la Fiscal de la Nación y pidió que se incluyan las declaraciones de Patricia Benavides, Antonio Fernández Jerí y de Jaime Chincha, el periodista que lo entrevistó.

Durante los últimos días, diversos organismos internacionales han mostrado su respaldo a los fiscales anticorrupción y su preocupación por los procesos iniciados por la ACN.

🔴#Perú 🇵🇪 | #CEJIL, @WOLA_org, @DPLF_info y @RFKHumanRights manifestamos preocupación por proceso sumario que llevaría a la suspensión del Fiscal anticorrupción Rafael Vela Barba. Abrimos 🧵

🔸Leer más👇https://t.co/NWGRpsUUU5

— CEJIL (@cejil) November 21, 2023

A inicios de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ratificó las medidas cautelares otorgadas en el 2021 al fiscal José Domingo Pérez, debido a la situación de riesgo que experimenta como consecuencia de su rol en la investigación de actos de corrupción.

La Resolución amplía las medidas cautelares a favor del fiscal Rafael Vela, debido a los múltiples hechos de riesgo que el Fiscal ha enfrentado en los últimos meses.  
“El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL), en nuestra calidad de peticionarios de las medidas cautelares de la referencia, esperamos que el Estado adopte las medidas indicadas en su Resolución tanto a favor del Fiscal Pérez como del Fiscal Vela, a la brevedad posible para que puedan llevar adelante su labor investigación de actos de corrupción con independencia”, indica la resolución. Sin embargo, hasta la fecha, las medidas no se han concretado.