En entrevista con Epicentro.Tv, la fiscal superior Marita Barreto Rivera, coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, reveló que han detectado un plan para sacar del camino al coronel PNP Harvey Colchado, y que luego continuarían la fiscal de la Nación y ella misma.

El Equipo Especial contra la Corrupción, dirigido por la fiscal superior Marita Barreto Rivera, ha detectado un plan para sacar del camino al coronel de la Policía Nacional, Harvey Colchado. Así lo ha revelado a Epicentro.Tv la magistrada a cargo de las investigaciones contra el entorno del presidente de la República, Pedro Castillo, que hoy espera la decisión judicial de prisión preventiva contra la cuñada del jefe de Estado, Yenifer Paredes, y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina.

“Ya tenemos el informe, es la última información que hemos recibido el día de ayer”, dijo la fiscal Barreto en entrevista con este portal.

La magistrada precisó que “ya tenemos la información de que este proyecto contra él se llama ‘Plan Colchado’, y hay otro proyecto, ‘Plan Benavides’, que, paralelamente está actuando. Luego, vendrá el ‘Plan Barreto’, que, justamente, busca también desprestigiarme para sacarme. Pero, en este caso, yo sería la amenaza menor”.

“El coronel Colchado es una persona incómoda en las investigaciones”, señaló Barreto.

Consultada sobre si el presunto plan sería ejecutado por el gobierno del presidente Pedro Castillo, la fiscal respondió: “estamos en proceso de corroboración”.

En otro momento, Marita Barreto indicó que a su equipo le urge llevar a cabo un trabajo en “igualdad de armas” respecto de la defensa legal desplegada por los investigados, por lo que le ha solicitado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, mayor presupuesto y recursos.

“Yo sé que la señora fiscal de la Nación ha tramitado nuestro pedido de presupuesto especial, ante el Congreso o ante el Ejecutivo, (pero) hasta ahora no tenemos ninguna respuesta sobre este requerimiento”, señaló.

Barreto también detalló los presuntos actos de intromisión ejecutados desde el Ejecutivo contra la labor de la Fiscalía y del equipo policial que colabora con ella.

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