La presidenta Dina Boluarte sigue siendo tendencia, pero en la fiscalía. Esta mañana ha tenido que responder 50 preguntas del Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena por la investigación que se le abrió por la desactivación del equipo policial que apoyaba al EFICCOP. Mientras, sus defensores, su abogado y sus ministros, han criticado la denuncia constitucional que la fiscalía ha iniciado en su contra. A continuación, detallamos el por qué la fiscalía decidió denunciar a la presidenta por el caso Rolex.
"No hay silencio que dure 100 años ni presidenta que lo resista", ha dicho hoy el nuevo abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, en un intento de defenderla ante la prensa. Tan solo horas después de que se anunciara la denuncia constitucional que la fiscalía presentó en su contra por el caso Rolex, la presidenta ha tenido que volver a la sede del Ministerio Público para responder por otra investigación: la desactivación del Equipo Especial de la Policía que prestaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP).
Boluarte, según su abogado, respondió 50 preguntas realizadas por el Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, en una diligencia que duró aproximadamente dos horas. Según Portugal, la presidenta dijo que no tuvo conocimiento de la reunión que mantuvo su ex abogado, y hoy investigado, Mateo Castañeda, con el coronel Harvey Colchado, en donde le habría hecho ofrecimientos ilegales.
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Su abogado no es el único que la defiende, también lo hacen sus ministros. El primer ministro Gustavo Adrianzén dijo esta mañana que la presidenta “está siendo víctima de una persecución” por parte de la Fiscalía de la Nación. “En un exceso que mella la potestad de la señora presidenta de la república, que está afectando el ejercicio de sus funciones constitucionales”. “Es intolerable, es una persecución que denunciamos aquí y que confiamos que el primer poder del Estado, el Poder Legislativo, no va a dejar pasar por alto”, dijo Adrianzén durante su visita al Congreso de la República. Azuzando, una vez más, a que los curules le hagan la guerra al sistema de justicia.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, ha dicho, incluso, que es necesario saber cuál ha sido la intención del Fiscal Villena para denunciar constitucionalmente a la presidenta.
“Cuando un juez aplica o inaplica una ley indebidamente, prevarica. Cuando un alto funcionario, como en este caso el fiscal de la Nación, inaplica la Constitución, en este caso, lo que está haciendo es también injuriando los parámetros y los principios de la Constitución. En este caso, está incurriendo en una infracción constitucional, este hecho que vulnera el espíritu y los principios de protección a la institución presidencial deben ser valorados en su oportunidad”, dijo también en el Congreso.
Los ministros, como es lógico, están con la escarapela Boluarte prendida del pecho. Las de hoy son declaraciones que refuerzan la intención final del gobierno: limitar las posibilidades de investigar a la presidenta durante su mandato. Para lo que el Ejecutivo ha ordenado a su procurador que presente una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.
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La tesis de la Fiscalía
Mientras que en el escenario político, los defensores de la presidenta hablan de inconstitucionalidad e ilegalidad, en el ámbito legal la Fiscalía de la Nación ha dejado claro varios puntos que argumentan la investigación penal contra la mandataria por el caso Rolex. Boluarte es acusada como presunta autora de la comisión de delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de cohecho pasivo impropio.
En una amplía línea de tiempo, que se inició el 12 de marzo cuando el periodista Ernesto Cabral de ‘La Encerrona’ le escribe al despacho de la presidenta para hacerle unas preguntas sobre sus lujosos relojes, la fiscalía ha precisado en detalle cuál ha sido la ruta que ha seguido la investigación y qué indicios se han conseguido en el camino.
Para la fiscalía, una de las primeras conclusiones es que la presidenta Dina Boluarte mintió. Esto se desprende del análisis que hace respecto a las fechas que la mandataria mencionó en sus declaraciones pero que no cuadran con las evidencias encontradas.
En la denuncia constitucional, la fiscalía señala que el mismo 12 de marzo el despacho de la presidenta recibió el correo del periodista de La Encerrona y, por lo tanto, supo desde ese momento de la investigación sobre los relojes que le estaban haciendo. Por eso, el 14 de marzo, día en que se difunde el reportaje, la presidenta habría devuelto los relojes a su amigo el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Esto lo concluye la fiscalía porque ese mismo día Oscorima visitó Palacio de Gobierno.
Sin embargo, la mentira de la mandataria surge cuando el 5 de abril, día en que fue interrogada por la fiscalía, dijo que a fines de febrero o primeros días de marzo, le había entregado los relojes Rolex a su “waiky” Oscorima. Lo cual es falso, además, porque la presidenta utilizó en público, por última vez, el reloj Rolex de oro rosado, el 11 de marzo.
La “amistad” con Oscorima
En la denuncia constitucional, además, la fiscalía hace hincapié en la relación de amistad que iniciaron la presidenta Boluarte con su “wayki” Wilfredo Oscorima. La fiscalía analiza el origen de esa relación, cuestionando cómo es que pudo surgir un lazo tan fuerte luego de una reunión realizada en Palacio de Gobierno, cuando aún Pedro Castillo era presidente, en noviembre del 2022.
Dina Boluarte aseguró que, desde ese momento, en que Oscorima se sentó a su lado, nació una “amistad sincera de hermanos”. La fiscalía insiste en preguntarle cómo se afianzó esa relación y la presidenta aseguró que fue porque “fue el primer gobernador cuando el Perú ardía …. fue el primer gobernador que se puso firme”.
“Aquella relación de “amistad”, dice la fiscalía, habría sido el motivo para que la presidenta recibiera de manera preferencial al gobernador Oscorima en el despacho presidencial para que le “prestara” los relojes Rolex, la pulsera Bangle y los aretes de oro.
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Este trato preferencial que tuvo Boluarte con su Wayki fue evidenciado, según la fiscalía, incluso con el testimonio de su hoy ministro de Educación, Morgan Quero, quien era jefe del gabinete técnico de la presidencia en ese momento. Quero dijo en su declaración del 7 de mayo que era inusual que la presidenta recibiera a gobernadores en el despacho presidencial porque había que pasar muchos filtros antes de ingresar.
La fiscalía concluye: “Es decir, la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra recibía a Wilfredo Oscorima Núñez en el Despacho Presidencial, sin previa cita y en un ambiente personal no destinado para las atenciones protocolares”.
Las transferencias a Ayacucho
Otro de los antecedentes que la fiscalía toma en cuenta para la denuncia constitucional son las intervenciones que habría tenido la presidenta Dina Boluarte en la transferencias de partidas presupuestarias al Gobierno Regional de Ayacucho.
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Según la fiscalía, entre marzo del 2023 y marzo del 2024 (lapso en que se dieron los supuestos préstamos de los Rolex, la pulsera y los aretes), se aprobaron 44 solicitudes de demanda adicional de presupuesto para proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Ayacucho, por un total de S/ 194 millones 835, 416 asignados por Presupuesto de Inversión Modificado (PIM). En todas estas solicitudes se advierte la intervención del Poder Ejecutivo, específicamente de la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros.
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Por ello, la fiscalía concluye que la continuidad de las donaciones, es decir, los supuestos préstamos de los relojes y las lujosas joyas, dadas por Wilfredo Oscorima y recibidas por la presidenta Boluarte, “se concretaron con el propósito de que ésta última realice actos propios de su cargo como presidenta de la República [facultad normativa (decretos de urgencia, decretos supremos y leyes)]”.
Mientras sus defensores han salido a dar la cara, la presidenta Dina Boluarte, hoy al menos, solo ha hablado ante la fiscalía.
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