El Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el presunto delito de haber recibido relojes y joyas como sobornos para – a cambio - transferir presupuesto a la gestión del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Los ministros escuderos de Boluarte dicen que la inmunidad presidencial la protege incluso de ser investigada. Sin embargo, el precedente inmediato de Pedro Castillo dice lo contrario: En 2022 Patricia Benavides denunció a Pedro Castillo por corrupción, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un informe de calificación afirmando que Castillo podía ser investigado durante su mandato y la Comisión Permanente le dio un plazo de 15 días para emitir un informe final. Pero antes de cumplirse el plazo, Pedro Castillo dio el autogolpe que originó su destitución.
¿Qué va a hacer el Congreso en el caso de Dina Boluarte? ¿Seguir el precedente del caso Castillo y darle trámite a la denuncia constitucional o apartarse del mismo y no hacer nada como esperan la presidenta y sus ministros?
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David Gómez-Fernandini G.
