Luego del informe de la Comisión de Justicia que plantea destituir a los miembros plenos de la Junta Nacional de Justicia, la Comisión de Presupuesto del mismo Congreso limita económicamente a la institución negándole una partida de 2.8 millones que necesita para culminar un proceso de evaluación de trescientos jueces y fiscales.
El Pleno del Congreso de la República aún no culmina con el debate para la aprobación del dictamen sobre el crédito suplementario para el año fiscal 2023. La discusión se reanudará a las 6 de la tarde de hoy.
El dictamen final que empezó a ser debatido desde este viernes temprano excluye una partida presupuestal de 2.8 millones de soles que solicitó la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para poder culminar un proceso vigente de evaluación y ratificación de jueces y fiscales, como lo adelantó este jueves Epicentro Tv .
La exclusión de la partida ocurre en medio de una crisis política e institucional que tiene en el centro de la discusión a la Junta Nacional de Justicia, después de que un informe aprobado por mayoría en la Comisión de Justicia del Parlamento planteó la destitución de los integrantes del organismo constitucional encargado del nombramiento, destitución y ascenso de jueces y fiscales.
El dictamen inicial, que contemplaba la partida adicional para la Junta Nacional de Justicia, figuraba como observado, este jueves 19 de octubre, en el caso de la JNJ. Precisamente, el mismo día de la aprobación del informe de la Comisión de Justicia.
La observación figura en la página 36 del dictamen de la Comisión de Presupuesto, que explica la razón de tal decisión:
“Transferencia de partidas por S/ 2.8 millones para la contratación de locadores de servicios para realizar informes para la evaluación y ratificación de jueces y fiscales. Los asesores indican que el personal que haga este tipo de trabajos lo debería realizar el personal con vínculo laboral, no por locadores”.
En las reuniones sostenidas entre la Comisión de Presupuesto e integrantes de la JNJ, congresistas de este grupo cuestionaron que sean locadores de servicios los encargados de una parte de la evaluación y ratificación de jueces y fiscales debido a que “los locadores no tienen responsabilidad en sus decisiones”.
Según fuentes de Epicentro Tv, la JNJ explicó que en la actual evaluación, que comprende a 300 jueces y fiscales, se requiere locadores que, de manera anónima, revisen más de 2 mil documentos de evaluación de conducta y 8,262 de idoneidad, y elaboren 3,480 informes. Toda una etapa que no puede ser –según las mismas fuentes– efectuada por personal de planta de la Junta.
Las fuentes señalaron que los recursos adicionales servirán para la elaboración de 3,480 informes sobre organización del trabajo de los magistrados, así como de 300 informes individuales y otros tantos virtuales.
Además, el personal contratado se encargaría de elaborar un proyecto de informe que luego será revisado por personal de planta y, posteriormente, por la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación, para, finalmente, ser aprobado por el Pleno de la JNJ.
En medio de la crisis política, el Congreso no solo apunta a la destitución de los miembros plenos de la Junta Nacional de Justicia, sino al ahogamiento de la institución para comprometer sus posibilidades de evaluar a una cantidad importante de jueces y fiscales. Es decir, para impedir que cumpla con sus funciones.
