Una vez más, una importante prueba está siendo modificada con fines nada claros. Esta vez, el turno es para los postulantes al Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución. EpicentroTV reveló que la Comisión Especial del Congreso, liderada por el oficialista, José María Balcázar, aprobó modificar los puntajes de evaluación que deben rendir los postulantes para ser parte de esta entidad.

El reglamento actual, publicado en el diario El Peruano, considera que los miembros deben pasar por dos etapas. La primera es la evaluación curricular y la segunda, la entrevista personal. Las calificaciones máximas son de 75 y 25 puntos, respectivamente. Sin embargo, con esta nueva propuesta legislativa, el puntaje sería muy distinto.

Según el oficio Número 001-2020 con fecha 16 de septiembre, remitido a la presidenta del Congreso, ahora se propone duplicar el valor de la entrevista personal, que pasaría de valer 25 a 50 puntos y, a la vez, disminuir el valor del peso curricular, la experiencia del candidato, de 75 hasta 50. Con esto, ambas partes de la prueba quedan equiparadas en valor de 50/50.

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¿Qué implicancias tendría este cambio en el reglamento? #EpicentroTv consultó a tres expertos en temas constitucionales para hablar sobre estas posibles consecuencias. El abogado, Omar Cairo, califica este escenario como “peligroso” debido a que se corre el riesgo de que personas que no cuenten con las calificaciones y aptitudes necesarias puedan alcanzar a ocupar un puesto en la magistratura.

“Las entrevistas suelen hacerse de una manera improvisada, por lo que eso no permite apreciar cuán capacitado está el postulante”, le dijo Cairo a EpicentroTV. “Las preguntas no se realizan con una preparación debida en materia constitucional y, por otro lado, el examinador tampoco está capacitado para asimilar las respuestas y hacer una valoración sobre ellas”.

Lo ocurrido en junio pasado es prueba de eso. En la comisión Especial del Congreso de aquel entonces, liderada por el parlamentario de Acción Popular, Rolando Ruíz, las preguntas que se efectuaron a los postulantes en la ronda de entrevistas estuvieron basadas en temas ideológicos. “¿Usted está de acuerdo con el aborto?” “¿Cuál es su opinión sobre el matrimonio civil igualitario? ¿Qué opina de la pena de muerte?”, fueron algunos de los cuestionamientos.

“Lo que quieren es asegurar que el TC tenga magistrados que les garanticen que van a consolidar lo que ya decidieron.  Este ya es un mal punto de partida porque nace torcido”, explica Walter Albán, exdefensor del Pueblo y miembro del directorio del Consejo Directivo de Proética. Afirma que, tras la iniciativa de equiparar los puntajes de ambas pruebas, hay una clara intención de proteger intereses particulares.

“Claramente apuestan a eso para que, sin ningún reparo, vean a quiénes les interesa colocar dentro del TC. La premura con la que están actuando habla de cómo pretenden utilizar este organismo para eventualmente resolver las posibles demandas de inconstitucionalidad que planteen en el Pleno”, explica.

Recientemente, el Congreso aprobó el texto sustitutorio presentado por la parlamentaria fujimorista Patricia Juárez para bloquear que el Ejecutivo recurra a la cuestión de confianza por materias cuya competencia corresponde al Parlamento y por reformas constitucionales. Expertos califican esta movida como una “reforma constitucional encubierta”. Ahora, la decisión de si esta modificación procede o no está en manos del TC. He ahí la importancia de este organismo.

“El TC tiene la función de resolver procesos de competencia donde hay conflictos de interés entre el Ejecutivo y el Legislativo”, explica Samuel Abad, catedrático en derecho constitucional. “Su labor es clave en una democracia porque cumple el rol de controlar los excesos del poder. El poder existe y puede cometer arbitrariedades y alguien tiene que defender a la ciudadanía de esas arbitrariedades”, sostiene.

El TC es un organismo autónomo e independiente que está integrado por siete magistrados que cumplen, cada uno, un mandato de cinco años. Seis de ellos vencieron su tiempo de servicio el pasado junio del 2019 y, sin embargo, hasta la actualidad no se ha podido elegir a quiénes colocar como reemplazo. Durante la última sesión de la Comisión del Congreso también se cuestionó la idoneidad de los postulantes.

“En el Perú hay mucha gente que reúne los requisitos para acceder al cargo de magistrado del TC”, afirma Samuel Abad. “Lo que pasa es que muchas veces los criterios no van de la mano por elegir a los mejores, sino que se privilegian otro tipo de intereses y esto desanima a los postulantes a concursar porque terminan siendo maltratados por los congresistas”.

Al equiparar el peso de la experiencia y la formación académica con la entrevista personal a cada candidato, queda claro que el interés en el cambio de puntaje en la prueba responde a una necesidad de hacer más subjetiva la calificación, opinan especialistas consultados para este informe.

“Hay quienes quieren presentarse, pero se dan cuenta de que el proceso es una grosera manipulación con intenciones políticas”, explica Walter Albán. Por su parte, Cairo añade, “en el proceso pasado se colocaba puntajes máximos y en algunas ocasiones, no había justificación. Eso conduce a que el Tribunal Constitucional sea conformado por personas no solo con calificaciones técnicas insuficientes, si no con compromisos políticos”.

EpicentroTV pudo conocer que la resolución que equipara el puntaje de entrevista personal con la evaluación curricular se entregó, para ser debatida en el pleno, a casi la medianoche del pasado jueves 16 de agosto.

El proyecto fue aprobado por el presidente de la comisión y por los congresistas Hernando Guerra García de Fuerza Popular, Wilmar Elera de Somos Perú, Jorge Montoya de Renovación Popular, Ruth Luque de Juntos Por el Perú y Enrique Wong de Podemos. La parlamentaria de Avanza País, Adriana Tudela se abstuvo.

Le corresponde ahora al pleno del Congreso de la República debatir y tomar una decisión final sobre esta cuestionable resolución de la Comisión.