De acuerdo al Ministerio Público, tras ser suspendida, Patricia Benavides colocó su patrimonio familiar a nombre de sus dos hijas menores. Además, considera que no presenta arraigo laboral y que, según un testigo protegido, la presunta organización criminal aún coordina para evitar que algunos testigos y pruebas lleguen a la fiscalía.
La Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos argumentó hoy por qué ha solicitado el impedimento de salida del país, por 36 meses, de la suspendida fiscal Patricia Benavides. El requerimiento se basa en que la suspendida fiscal de la Nación está siendo investigada por los presuntos delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado, por supuestamente liderar una red criminal dentro del Ministerio Público.
El juez supremo Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, inició la audiencia para evaluar este pedido, en el marco de la investigación por la presunta red criminal ‘La fiscal y su cúpula’, con la argumentación del fiscal adjunto supremo Marcial Páucar.
La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, liderada por la fiscal Delia Espinoza, abrió investigación contra Benavides por la presunta comisión de siete delitos: organización criminal, falsedad ideológica, cohecho activo específico, tráfico de influencias, cohecho pasivo específico, encubrimiento real y encubrimiento personal. Por ello, el fiscal recordó que Benavides es acusada de ser la líder de una presunta organización criminal que desarrolla diversas acciones como direccionar tareas, a través de sus integrantes, para cometer delitos contra la administración pública.
Los 6 hechos delictivos
Según la tesis fiscal, la suspendida fiscal de la Nación ha sido involucrada en seis hechos ilícitos. El primero es el de encabezar la presunta red criminal que incluía a sus ex asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, entre otros funcionarios públicos. El segundo hecho, identificado por la fiscalía, es el que implica a Benavides y sus ex asesores en presuntas negociaciones con el congresista José María Balcázar. Villanueva lo habría contactado a pedido de Benavides para que votara en contra de la acusación que tenía en su contra en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Balcazar habría pedido a cambio de su voto que Benavides “lo ayudara” archivando una investigación que tenía abierta por el delito de apropiación ilícita, en Lambayeque.
El tercer hecho es la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo, como resultado de presuntas coordinaciones con un grupo de congresistas. De igual manera, otro hecho ilícito vinculado al Congreso, es el haber ejercido presuntas influencias ilícitas sobre un grupo de congresistas para lograr la inhabilitación de la ex titular del Ministerio Público Zoraida Ávalos.
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El fiscal Marcial Páucar recordó que en el hecho ilícito 5 se identificó la supuesta coordinación entre Benavides, a través de sus asesores, para promover en el Congreso la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Jaime Villanueva declaró que le entregó a la congresista Patricia Chirinos la denuncia que ésta presentó contra los jueces que emitieron una medida cautelar a favor de la JNJ. Según Villanueva, los asesores de Patricia Benavides le habrían dado a la parlamentaria el texto de una denuncia constitucional por prevaricato que ella presentó contra los miembros de la sala Constitucional que habían concedido el amparo para suspender el proceso contra los integrantes de la JNJ.
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Además, el último hecho identificado por la fiscalía es la suspensión del fiscal superior Rafael Vela y el pedido de suspensión del fiscal superior José Domingo Pérez a pedido de la congresista fujimorista Martha Moyano. Para ello, el fiscal Marcial Páucar recordó que, entre la nueva documentación que corrobora este hecho, está la declaración vertida por la propia congresista fujimorista, en febrero de este año, en un programa de Willax. En este, la parlamentaria reconoció que pidió la salida de ambos fiscales.
Peligro de fuga
Tras lo expuesto, el fiscal Marcial Páucar argumentó que, una las principales causas para solicitar el impedimento de salida del país de Patricia Benavides, es que cuenta con facilidades para salir del país.
“Se pueden verificar los diversos viajes al extranjero que ha realizado la investigada, tal como se aprecia en su movimiento migratorio en donde se evidencia la facilidad para salir del país. Asimismo, es necesario resaltar que la madre de su cónyuge es de nacionalidad chilena, no reside en el Perú, no cuenta con documento de nacionalidad peruana. También se debe de resaltar la vinculación de su cónyuge, también de nacionalidad chilena, con diversas empresas. Por lo que este despacho fiscal considera que cuenta con facilidades para abandonar el país o de lo contrario permanecer oculta”, dijo Páucar.
Además, indicó que la medida se justifica por la gravedad de la pena que se le imputa a Benavides y porque, debido a que está suspendida de sus labores como fiscal, no cuenta con arraigo laboral.
Un punto importante resaltado por la fiscalía es que Benavides ha presentado algunos impedimentos para que se cumplan con las diligencias de la investigación. Como, por ejemplo, no entregar de manera voluntaria y rápida sus equipos celulares.
Otro dato que la fiscalía ha destacado es que, en diciembre del 2023, la suspendida fiscal de la Nación colocó su patrimonio familiar a nombre de sus dos hijas menores. Además, el fiscal Marcial Páucar aseguró que la fiscalía considera que la presunta organización criminal liderada por Benavides seguiría operando con el objetivo de obstaculizar la investigación.
“Esta presunta organización no habría terminado sus actividades tras la suspensión de la JNJ, conforme al testigo protegido todavía se mantendrían coordinaciones a efecto de que algunos testigos o algunas pruebas no se puedan llevar a cabo o no se puedan alcanzar a este despacho fiscal”, alertó.
El Procurador Eddy Betalleluz se mostró de acuerdo con el pedido de la fiscalía y aseguró que la situación sí amerita la medida de impedimento de salida del país de Benavides.
“El nivel de los alcances de esta organización habría llegado a los más altos niveles de la decisión política y judicial del país, a fin de concretar sus ilícitos y que otros funcionarios del más alto nivel quiebren a sus obligaciones y contribuyan a los propósitos ilegales de Patricia Benavides, lo que amerita la medida solicitada”, dijo.
“El Congreso podría rechazar denuncia constitucional”
Por su parte, el abogado de la suspendida fiscal, Christian Salas, dijo que Patricia Benavides rechaza cada una de las imputaciones realizadas por el Ministerio Público y aseguró que la mayoría de ellas solo se basa en declaraciones no corroboradas del ex asesor Jaime Villanueva.
Además, recordó que Benavides se encuentra en calidad de suspendida más no de destituida y que la sanción impuesta por la JNJ vence en 36 días por lo que volvería a asumir su cargo de fiscal de la Nación.
Asimismo, Salas aseguró que la investigación de la fiscalía carece de elementos de convicción por lo que, es posible, que el Congreso rechace la denuncia constitucional contra Benavides.
Al finalizar la audiencia, el juez Checkley le dio unos minutos a Benavides para que se pronunciara sobre el pedido de la fiscalía. La suspendida fiscal rechazó lo solicitado por el Ministerio Público y aseguró que no huirá. "No me corro del sistema de justicia, me defiendo con la Constitución y la ley (…) Siempre lo dije y repetiré: respeto todas las investigaciones, pero no me pueden negar a exigir que se respete el debido proceso", dijo.
El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria informó que notificará oportunamente a las partes su decisión respecto al pedido de impedimento de salida del país por 36 meses de Benavides. En tanto, los tiempos siguen corriendo y este viernes la Junta Nacional de Justicia tendría que decidir si destituye o no a la fiscal Patricia Benavides de su cargo.
