Mientras la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anuncia denuncia por fallecidos en protestas, la presidenta Dina Boluarte asegura que la acusación es sospechosa y grave.
“No se debe permitir la muerte de ningún peruano y el abuso de poder. No se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos, por eso siempre hemos procedido conforme a la Constitución y la ley”, dijo hoy la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en un mensaje grabado como respuesta a la acusación en su contra por presuntamente liderar la organización criminal ‘La Fiscal y su cúpula’.
Fiscal de la Nación Patricia Benavides afirma que se mantiene en el cargo y anuncia denuncia constitucional contra Dina Boluarte, Alberto Otárola y otros por muertes en protestas. pic.twitter.com/BLErwXnw6h
— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 27, 2023
En su pronunciamiento, acompañada de un grupo de fiscales, Benavides no solo descartó renunciar al cargo frente a las acusaciones expuestas hoy, sino que además anunció que ha presentado ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y los exministros del Interior, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, por las muertes y lesiones ocurridas durante las manifestaciones de entre diciembre del año pasado y marzo de este año.
El Ministerio Público acusa a Boluarte como autora de la comisión por omisión del delito de homicidio calificado en agravio de los manifestantes Christopher Michael Ramos, José Luis Aguilar, Rosalino Flores Valverde, Sonia Aguilar Quispe y Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca, y de lesiones graves contra Renato Murillo Reyes.
Asimismo, al primer ministro Alberto Otárola se le acusa, en su condición de ministro de Defensa, de ser autor del presunto delito de homicidio calificado en agravio de Christopher Ramos Aime y José Luis Aguilar Yucra.
Respecto al exministro del Interior, César Cevantes, la Fiscalía lo acusa de ser el presunto autor del delito de lesiones graves en agravio de Renato Murillo Reyes; mientras que al exministro Víctor Rojas de ser autor de homicidio calificado en agravio de Rosalino Florez Valverde, y al exministro Vicente Romero, de ser autor del delito de homicidio calificado contra Sonia Aguilar y Víctor Raúl Santisteban.
“Como resultado de las indagaciones realizadas a nivel preliminar, se ha logrado acopiar elementos de convicción suficientes que permiten inferir válidamente la presunta comisión de los ilícitos penales que se les imputa”, señala el documento presentado ante el Congreso.
Entre los argumentos de la Fiscalía, se menciona que “la protección de la vida y la integridad física de los ciudadanos es uno de los aspectos fundamentales de la función presidencial”. Por ello, aseguran, ante una situación de conflicto social como ocurrido desde el 7 de diciembre del año pasado, Boluarte “habría tenido la obligación funcional de prevenir y controlar situaciones que pudieran poner en peligro o afectar los bienes jurídicos vida e integridad física, en el contexto de las protestas sociales, ante las operaciones que eran desplegadas por los miembros de las fuerzas del orden [Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú]”.
En la denuncia, la Fiscalía asegura que la presidenta Dina Boluarte, al momento de los hechos, tenía mando tanto sobre las Fuerzas Armadas como sobre la Policía Nacional del Perú, lo que implica que tenía la autoridad para supervisar y controlar las acciones de dichas instituciones, por lo que era su deber asegurar que las mismas operen dentro de los límites de la ley y el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Además, aseguran que pese a su deber de ser garante y de su posición de dominio sobre las Fuerzas del Orden, Boluarte habría omitido dictar alguna medida para controlar y evitar que continúen produciéndose las muertes de ciudadanos; y por el contrario, “habría permitido que las fuerzas del orden prosigan con dichos ataques a la población, quienes precisamente protestaban contra su régimen presidencial”.
En el documento se incluye la declaración del entonces Director Nacional de Inteligencia, Wilson Fredy Barrantes Mendoza quien dijo:
“[..] Estos hechos los comunicábamos si bien cada hora o cada dos horas a los miembros del sistemas, esto es, a la presidenta de la República, presidente del Consejo de Ministros, Ministros de Defensa y a veces al Ministros de/Interior (ya que él contaba con información policial que era la base con la que nosotros hacíamos los reportes)”, señala el documento.
Asimismo, se incluye como testimonio la declaración del Jefe de la Región Policial Lima, Víctor José Zanabria Angulo, quien a la pregunta "¿Conoce usted o sabe de algunas directivas, disposiciones y/o lineamientos que haya emitido la presidenta de la República, Dina Ercilia Baluarte Zegarra, para el control de los conflictos sociales en las diferentes regiones del país, tanto a la Policía Nacional del Perú como a las Fuerzas Armadas?; respondió: "no, no existe ninguna directiva de ese nivel".
“Es sospechoso y grave”
Por la tarde, la presidenta Dina Boluarte salió al frente, junto a su gabinete ministerial y aseguró que la denuncia presentada por la Fiscalía causa extrañeza, es sospechosa y grave.
Pronunciamiento de Dina Boluarte aquí.
“Causa extrañeza que dicha denuncia haya sido presentada luego que la ciudadanía en todo el país tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del Equipo de la Fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción”, indicó.
Boluarte señaló que el último viernes 24 de noviembre fue notificada por la Fiscalía de la Nación de que la investigación en su contra sería desacumulada y su caso se prolongará por 8 meses más.
“Es extraño también que el viernes se decida la continuidad, y hoy se denuncie ante el Congreso de la República. Es sospechoso y grave que se presente la denuncia luego que los dos fiscales supremos exigieran la renuncia de la Fiscal de la Nación por los hechos ya conocidos por todos nosotros. Expresamos nuestra condena ante tan deleznable maniobra política con la que utilizando indebidamente la memoria de compatriotas fallecidos se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la propia Fiscal de la Nación”, dijo.
La denuncia está ahora en manos del Congreso.
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Daniel Yovera
