Ante el inminente desalojo del sótano del Palacio de Justicia y el mal estado del lugar, los documentos históricos del Perú serán trasladados a un nuevo local. El Ministerio de Cultura firmará un contrato por 3 millones 161 mil 220 dólares, equivalentes a S/. 12 millones 328 mil 758 por un periodo de 36 meses de alquiler. Es decir, el AGN pagará como arrendamiento mensual al nuevo local un promedio de 83 mil dólares.
El Protocolo Ambulante de los Conquistadores, que data de 1533, y es considerado el documento más antiguo del Perú y de Sudamérica, es parte de la documentación histórica que se encuentra en el Archivo General de la Nación (AGN). Desde agosto, fecha que el Poder Judicial ha dado de plazo límite al AGN para retirarse del sótano del Palacio de Justicia, la nueva sede del Archivo General se encontrará en una bodega industrial de El Callao.
A través de un proceso de contratación directa, el AGN ha dado la adjudicación del servicio de arrendamiento temporal del local al consorcio Transel de las empresas Transel Agencia de Aduana y Almacén S.A. y Transel S.A.C. El otorgamiento de la buena pro se realizó el viernes 26 de abril. Según las bases del contrato, el monto del contrato asciende a 3 millones 161 mil 220 dólares, equivalentes a S/. 12 millones 328 mil 758 por un periodo de 36 meses. Es decir, el AGN pagará como arrendamiento mensual al nuevo local un promedio de 83 mil dólares. Todo un lujo.
“No podemos esperar”
Los más de 150 millones de documentos que almacena, hasta el momento, el Archivo General de la Nación han estado expuestos y en peligro debido al mal estado en el que se encuentra en el sótano del Palacio de Justicia, lugar que ocupa desde hace 81 años. En las últimas semanas, se ha denunciado que la edificación presenta serias deficiencias en sus estructura así como grietas y filtraciones de agua que ponen en alto riesgo a los documentos y al personal que ahí labora.
En abril del 2019, por ejemplo, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó, luego de realizar una inspección al lugar, que el sitio “no cumple con las condiciones de seguridad en edificaciones, debido al estado de conservación de los elementos estructurales y no estructurales que conforman el inmueble así como por el estado de las instalaciones eléctricas, existiendo vulnerabilidad estructural y no estructural ante la ocurrencia de un evento sísmico e incendio”.
A inicios de abril de este año, un informe de las diferentes direcciones del AGN evidenciaron que el estado de la infraestructura “presenta vulnerabilidad ante las lluvias, humedad en paredes, malos olores en los repositorios por tuberías aledañas a estanterías”.
A esta situación se suma la orden judicial que exige el desalojo inminente ya que el Poder Judicial inscribió el inmueble como suyo ante Registros Públicos. “Ha sido declarado en alto riesgo(...) si bien es cierto hay una sentencia judicial, la verdad es que no podemos esperar, como se dice, tener un local propio que, probablemente, lo podamos tener más adelante, pero esta situación es insostenible”, ha asegurado el jefe institucional del Archivo General de la Nación, Ricardo Moreau.
“La solución es aún más dañina”
La historiadora Magally Alegre advirtió que el mal estado en el que se encuentra el sótano del Palacio de Justicia está siendo utilizado por los funcionarios del Ministerio de Cultura para justificar el traslado del Archivo General a espacios industriales que podrían ser más dañinos para la valiosa documentación que se pretende albergar ahí.
“Creo que se está utilizando el argumento de las condiciones en la que se encuentra desde hace ya hace muchos años, la documentación que se alberga en el Palacio de Justicia, para instrumentalizar en favor de una solución, que es aún más dañina. Que significa colocar o trasladar hacia espacios de alquiler, se están considerando espacios polígonos industriales que serían de difícil acceso, que serían una vulneración en el traslado al patrimonio documental porque se trata de material que no está inventariado al 100% y sobre todo que no está catalogado”, dijo a Epicentro TV.
Allegre alertó que la solución temporal que se está dando al Archivo General de la Nación no es viable ya que solo será un “uso irresponsable de los fondos públicos”. Además, aseguró que el camino que debe seguir el Ministerio de Cultura es concretar la propuesta de construcción de un local para el AGN en un inmueble que le pertenece.
“La solución temporal es una mala solución para el archivo. Significa hacer un uso irresponsable de los fondos públicos al crear una infraestructura intermedia y además sin condiciones de seguridad adecuadas en un espacio privado que luego no va beneficiar ni repercutir en el beneficio a largo plazo de la conservación del archivo”, indicó.
La historiadora criticó que ningún funcionario del Ministerio de Cultura haya convocado a los historiadores y especialistas para analizar la situación del AGN y que el Poder Judicial haya actuado como juez y parte en el fallo judicial que ordena el desalojo del Palacio de Justicia. “Lo que tenemos es una situación de facto y con muy poca transparencia”, aseveró.
El nuevo local
En octubre del 2023, la Dirección de Archivo Histórico, Dirección de Conservación, y la Dirección de Archivo Notarial advirtieron a través de un informe que, con el fin de proteger el patrimonio documental así como mejorar las condiciones laborales, la alternativa viable ante la crítica situación del AGN era el alquiler temporal de un inmueble. Después de verificar que no había disponibilidad de inmuebles del Estado para alquilar, en diciembre del año pasado se inició la búsqueda de posibles locales.
Luego de analizar algunas propuestas, para el 10 de abril de este año el estudio de mercado concluyó que quedaban solo dos locales viables. El primero, era un local ubicado en Los Eucaliptos, en Lurín; y el segundo está en la Calle B N° 263 de la Urb anización Industrial Bocanegra, en El Callao). Entre las desventajas que encontraron en el primer local estaba la distancia. “Desde la sede Central y administrativa hacia Lurín es de 44km aproximadamente, lo cual demandaría mayor costo de transporte, teniendo una mudanza inminente establecido por el Poder Judicial”, señala un documento del Ministerio de Cultura.
En el segundo local sí se evidenció una advertencia mayor: “de acuerdo a los requerimientos de la entidad, se solicita un sistema de inyección y extracción de aire dentro de los repositorios; sin embargo sólo ofrece la extracción de aire más no la inyección de aire, por lo que la entidad tendrá que habilitar la inyección de aire a través de ventiladores industriales y/o aire acondicionado, para lograr la temperatura idónea, lo que puede ser progresivo considerando el estado actual de la sede Palacio y el tiempo de la compleja mudanza”.
Pese a ello, al día siguiente, el 11 de abril, la Unidad Funcional de Abastecimiento y Control Patrimonial, informó la culminación de la indagación de mercado con la selección del inmueble del Callao como nueva sede de la Entidad. En el informe se detalló que uno de los motivos de esta elección fue que representa un ahorro en los recursos públicos. Sin embargo, el pago mensual que se realizará por ese local no es nada “ahorrativo.
Según se detalla a continuación, el contrato que se firmará con el consorcio Transel establece un pago estimado de 83 mil 190 dólares mensuales durante 36 meses. El monto total que se pagará será de 3 millones 135 mil 840 dólares, es decir, cerca de S/ 12 millones 300 mil.
El costoso local alquilado se encuentra en una zona industrial del Callao. Alrededor de lo que será el nuevo Archivo General de la Nación están ubicados los almacenes de algunas empresas y laboratorios de análisis, lo que ha generado la alarma de algunos por una posible exposición de los documentos históricos a productos inflamables.
Al respecto, el jefe institucional del Archivo General de la Nación, Ricardo Moreau, ha señalado que el nuevo local “es un local industrial con techos altos para guardar documentación a 10 niveles, donde la conservación va a estar permanentemente asegurada, donde las cámaras de seguridad van a mirar todos los resquicios”. Aunque, pese a que fue entrevistado el 26 de abril, día en que fue adjudicado el servicio de alquiler al consorcio Transel, Moreau indicó que aún se estaban evaluando los locales de Villa El Salvador, Lurín y El Callao.
Mientras tanto, el Ministerio de Cultura informó que ya se culminó el estudio de mercado para el alquiler del inmueble, “teniendo un presupuesto para este año de S/. 3.5 millones, para el traslado y acondicionamiento de los ambientes del nuevo local”. Precisaron que, si bien se ha realizado la adjudicación de un local, aún no se tiene firma de contrato ya que se encuentra en los plazos establecidos (08 días hábiles), según la norma de contrataciones.
