Un sistema de protección en crisis que vulnera a las niñas

Un Juzgado de Ucayali determinó que la menor de 13 años, víctima de explotación sexual, retornara a su hogar y no sea protegida por el Estado. El psicólogo de la UPE, Luis Ángel Yacila Ortega, acusado de violarla se encuentra inhabilitado de ejercer desde el 2021, pero fue contratado por el Ministerio de la Mujer para atender a menores en desprotección familiar. Defensoría y Promsex  advierten deficiencias del sistema.

El psicólogo Luis Ángel Yacila Ortega está siendo buscado por la Policía de Ucayali desde el mediodía, hora en la que el Poder Judicial ordenó su captura inmediata. Los agentes sospechan que ya no se encuentra en la región. El Ministerio Público ha solicitado  su detención preliminar por el presunto delito de violación sexual de una menor de edad.

Yacila Ortega ha sido acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 13 años. La menor quedó embarazada producto de la violación y hoy se encuentra internada en un hospital de Ucayali siendo evaluada física y psicológicamente para determinar si se le realizará  un aborto terapéutico. Lo más atroz de este caso, de por sí indignante, es que Luis Ángel Yacila Ortega era el psicólogo de la Unidad de Protección Especial (UPE) de Ucayali del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Es decir, uno de los encargados de velar por el bienestar psicológico de los niños, niñas y adolescentes que estaban bajo acogimiento residencial.

Según informó la Fiscalía de Yarinacocha, en un primer momento, la adolescente de 13 años se encontraba bajo la protección de la UPE Ucayali debido a que denunció haber sido víctima de explotación sexual por parte de su padrastro. La UPE le brindaba servicios de acompañamiento, mediante las visitas de un psicólogo y una trabajadora social a su casa donde vivía con su madre. Es ahí, donde Yacila Ortega había aprovechado para abusar sexualmente de ella.

Al enterarse de la situación, la directora de la UPE Ucayali, Angélica María Villavicencio Rojas, denunció a Yacila Ortega por la presunta comisión de actos contra la libertad sexual de la menor de 13 años, y se le separó del cargo.

En un comunicado, el MIMP aseguró que ahora sí se ha dispuesto la medida de protección de acogimiento residencial de la adolescente quien ahora recibe atención integral por parte del Programa Nacional INABIF.

Buscando responsables

¿Cómo es que una menor de 13 años puede resultar violada por su propio psicólogo estando bajo la protección del Estado? La cadena de revictimización a Andrea (como la identificaremos) por parte de las instituciones que debieron protegerlas  inició en febrero de este año cuando se acercó al Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Yarinacocha a denunciar a su padrastro por trata de personas con fines de explotación sexual. Ella contó que él la “había vendido”. Las alertas se encendieron y la denuncia fue presentada a nivel policial. La UPE declara la desprotección familiar de la menor y solicita que sea internada en un Centro de Atención Residencial (CAR) de la región.

El 8 de mayo, el abogado de la UPE, el defensor público de la menor, el Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Yarinacocha, así como los padres de la adolescente se presentaron en audiencia virtual ante el Juzgado Civil de Yarinacocha a cargo del juez Carlos Díaz Herboso. El pedido de la UPE era confirmar el estado de desprotección de Andrea y con ello su internamiento en un CAR.

Para ello, los representantes de la UPE aseguraron que ambos padres de la adolescente no estaban preparados psicológicamente para continuar con la crianza de la menor.

“No son idóneos todavía para asumir y para continuar, no presentan características psicológicas adecuadas para seguir o asumir el cuidado y brindar protección a su hija en este sentido nosotros como UPE, solicitamos que se apruebe la resolución que declara la situación de desprotección provisional, a efectos de poder trabajar el plan de trabajo individual que ya se ha implementado para que los progenitores comiencen a mejorar sus pautas de crianza”, indicaron en audiencia.

De igual forma, el defensor público de la adolescente recordó que debido a que existía una denuncia por trata de personas que implicaba al padrastro de la menor, era necesario que se mantuviera alejada de su familia.

Sin embargo, la Fiscalía indicó que, con base en los exámenes psicológicos realizados a la menor, se podía determinar que “existe posibilidad que la menor puede haber mentido sobre los hechos que ha referido en la denuncia”. Además, indicaron que Andrea manifestó su deseo de volver a vivir con sus padres y hermanos lo que consideraron contradictorio de una supuesta víctima de explotación sexual de su propio padrastro. Por ello, opinaron que se desapruebe la desprotección familiar que la UPE había dictado en favor de la menor y que retorne con su familia original.

Apenas dos días después, el magistrado Díaz Herbozo dictaminó “desaprobar la declaración de desprotección familiar provisional de la menor por no encontrarse en estado de desprotección debiendo retornar a su familia de origen”.

Asimismo, se pidió su salida del Centro de Acogida Residencial y el archivamiento del proceso. En mayo la menor volvió a su casa.

La comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo en Ucayali, Hellen Vela, informó a Epicentro Tv que están monitoreando las actuaciones de las entidades estatales en esta grave situación, sobre todo en beneficio de la víctima.

Vela indicó que, de acuerdo a la información recabada, se pudo conocer que el psicólogo Luis Ángel Yacila ya llevaba dos años trabajando en el equipo técnico de acogimiento residencial y familiar de la UPE. Indicó que aún se desconoce si el abuso sexual contra la menor se habría suscitado mientras se encontraba albergada en el CAR o cómo es que terminó siendo violentada por él.

“Esto tiene que ser investigado, como Defensoría nos preocupa la atención integral de la salud como gestante y como víctima de violacion sexual de la menor, y eso hemos recomendado a la UPE que se tiene que garantizar: la atención integral de salud de la adolescente. Tanto su salud física como psicológica teniendo en cuenta que es una adolescente de 13 años”, indicó.

Solicitamos una entrevista con la directora de la UPE para conocer su versión de lo sucedido, sin embargo, el MIMP no la autorizó.

Entre las preguntas que el MIMP debe responder, además, está el porqué se contrató a un psicólogo que se encontraba inhabilitado para ejercer desde el 2021.

Precisamente, el Colegio de Psicólogos del Perú manifestó, en un comunicado, su indignación ante la acusación que pesa contra Yacila Ortega y exigió una sanción drástica para él.

Servicios deben mejorar

Un informe realizado por la Defensoría del Pueblo el año pasado reveló el estado de las Unidades de Protección Especial (UPE) a cargo del MIMP y encontró varios hallazgos importantes. La supervisión se realizó a las 25 UPE que existen en el país.

Entre ellos está el no contar con personal especializado y calificado para brindar los servicios de salud mental a los niños, niñas y adolescentes que estaban a cargo del Estado.

“El personal es insuficiente y esto se contrasta con el número de casos que atienden. Las UPE tienen una función muy importante que es brindar atención a una población ya vulnerable, quizá niños de calle, migrantes, o con discapacidad, y es una labor tan importante que se realiza pero no cuentan con los insumos básicos mínimos”, precisó a Epicentro TV, Abel Vargas, comisionado de la Adjuntía para los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.

Vargas recordó que la UPE es la instancia administrativa del MIMP que actúa en el procedimiento por desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, según el Decreto Legislativo 1297 y su Reglamento. Es en sus instalaciones que trabaja el personal administrativo y también se da la primera atención a los menores en riesgo de desprotección. Después de una evaluación, la UPE decide si los menores son derivados a un CAR.

“A veces, los niños permanecen varios días ahí en las UPE. (...) Los niños tenían que dormir en los propios locales y varias unidades no contaban con una buena  infraestructura”, detalló.

Uno de los problemas que también evidenció el informe es que tanto los psicólogos como las trabajadoras sociales son insuficientes, no todos tienen especialización y son rotados constantemente.

“La normativa dice que el personal que va a brindar atención directa a un menor debe estar mínimamente capacitado en temas de niñez y adolescencia”, indicó.

Asimismo, Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex, aseveró que actualmente el sistema de protección de víctimas de menores de edad está en crisis. Indicó que es necesario conocer cuáles son los protocolos que se están aplicando en cada uno de los casos de los menores de edad que están bajo la protección del Estado.

“La ministra y el Estado tienen que intervenir, ya son varios casos y se evidencia un sistema que se está ahogando. No podemos poner en riesgo la vida y salud de las niñas víctimas de violencia”, dijo en Réplica.

Chávez aseguró que las UPE tienen que pasar por una auditoría para saber cuales son las medidas que se toman respecto a las menores, así como evaluar el nivel y la calidad de los especialistas que se contratan. “Estamos hablando de personas que deberían tener una especialización muy avanzada”, dijo.