Cuando las actuales congresistas fueron regidoras de la Municipalidad Metropolitana de Lima votaron a favor de cambiar la zonificación de distintas áreas, sin sustento y contra la opinión de los entes especializados en la materia. La Procuraduría edil recomienda el inicio de acciones legales contra ellas y otros funcionarios.
Un informe de la Contraloría General de la República señala que las actuales congresistas Martha Moyano y Norma Yarrow serían penalmente responsables por una serie de cambios de zonificación aprobados entre los años 2019 y 2021.
El documento recomienda a la Procuraduría iniciar las acciones penales pertinentes contra ambas parlamentarias y los demás regidores que votaron a favor de dichos cambios de zonificación.
El ‘boom’ de las zonificación
Desde que empezó el boom inmobiliario, hace más de una década, hemos visto la lenta transformación del paisaje de las principales ciudades del país gracias a cambios de zonificación aprobados por autoridades ediles que, muchas veces, han privilegiado los intereses de empresas inmobiliarias y centros comerciales en detrimento de la planificación y el desarrollo sostenible. Y la ciudad de Lima quizás sea el mejor ejemplo de ello.
La Contraloría General de la República ha detectado que durante el período edil 2019 - 2022, la Municipalidad Metropolitana de Lima concedió numerosos cambios de zonificación sin sustento técnico y contra la opinión de los órganos competentes, “afectando los objetivos de desarrollo de la zona y la organización del espacio físico de la ciudad de Lima, así como la legalidad e imparcialidad en la actuación de la administración municipal.
El Informe de Auditoría 041-2023-2-0434-AC revela que de las 122 peticiones de cambio de zonificación presentadas entre 2019 y 2022, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó 22 (25%), pese a que no contaban con pronunciamiento de las municipalidades distritales. La Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima les solicitó evaluación y opinión a los municipios distritales, los que debían dar la oportunidad a la población vecina colindante de emitir su opinión.
Sin embargo, en esos 22 casos los municipios no contestaron y la MML interpretó los supuestos silencios como “opiniones favorables”, aplicando una ordenanza que así lo permite.
El informe de Contraloría también revela que el Concejo Metropolitano aprobó otras ocho peticiones de cambio de zonificación –a propuesta de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura– “sin considerar las opiniones técnicas desfavorables del Instituto Metropolitano de Planificación - IMP y la Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MML (entes técnicos en materia de zonificación), y no mediar sustento alguno que justifique o fundamente la desestimación de los pronunciamientos técnicos”.
Como se observa en el cuadro, la gran mayoría de las solicitudes de cambio de zonificación fueron para convertir Zonas de Densidad Baja (RDB) y Media (RDM) en Zonas de Comercio Zonal (CZ). Es decir, transformar áreas de viviendas en zonas comerciales.
Los casos Yarrow y Moyano
Los artífices de estos cambios de zonificación contra la opinión de las entidades técnicas en materia de zonificación son los regidores que en ese momento integraban el Concejo Metropolitano. Entre 2019 y 2022, la actual congresista de Avanza País, Norma Yarrow Lumbreras, y la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano Delgado, eran regidoras de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La primera, por el partido Perú Patria Segura, y la segunda, por el fujimorismo.
El informe de Contraloría apunta directamente a ambas parlamentarias entre los responsables de los cambios de zonificación irregulares. Yarrow integró la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura de la Municipalidad Metropolitana de Lima entre los años 2020 y 2021. Según el documento, la actual congresista de Avanza País votó a favor de cinco cambios de zonificación “no obstante haberse emitido opiniones técnicas desfavorables por los órganos competentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima (IMP y GDU), sin mediar sustento alguno que justifique la desestimación del referido pronunciamiento técnico”.
La congresista Yarrow declaró para Epicentro.tv que los informes del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) y la Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MML no son necesariamente vinculantes. Agregó que todos los cambios de zonificación fueron sustentados por el presidente de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura de la Municipalidad Metropolitana ante el Concejo Metropolitano y aprobados por mayoría.
En el caso de la fujimorista Martha Moyano, miembro de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el año 2020, la Contraloría ha detectado que también votó a favor de cinco cambios de zonificación, “no obstante haberse emitido opiniones técnicas desfavorables por los órganos competentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima (IMP y GDU), sin mediar sustento alguno que justifique la desestimación del referido pronunciamiento técnico.”
Por su parte, Martha Moyano se excusó de declarar para esta nota señalando que se encuentra fuera de la ciudad de Lima. Solo se limitó a afirmar que no hubo nada irregular, ni delito.
En informe detalla que ambas congresistas incumplieron el artículo 52 de la Ordenanza que aprueba el reglamento del Concejo Metropolitano, que señala que Los dictámenes, informes, proyectos y propuestas que formulen las Comisiones de Regidores al Concejo, incluyendo los asuntos que éste encomiende, deben ser razonados y fundamentados, contendrán conclusiones y recomendaciones claras y precisas, incluyendo proyectos de Ordenanza, Acuerdos o Resoluciones de Concejo, según sea el caso.” Además de infringir la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ordenanza 2086 que regula el cambio de zonificación en Lima Metropolitana.
El documento establece que los hechos expuestos “configuran la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito” y recomienda a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción “iniciar la acción penal contra los funcionarios y servidores comprendidos”, entre quienes destacan las actuales parlamentarias Martha Moyano y Norma Yarrow.
