La activista por los derechos de las mujeres, Marcela Poirier, ha sido condenada por la justicia. Para la jueza Gabriela Torrejón del 17º Juzgado Unipersonal de Lima, Poirier, la arqueóloga de la Universidad Católica, incurrió en el delito de difamación contra el exministro de Cultura y también docente de esa casa de estudios, Jaime Castillo Butters, al acusarlo de acoso y hostigamiento. La Corte le ha impuesto a Poirier una condena de un año y ocho meses de prisión suspendida, así como el pago de 180 mil soles de reparación civil a favor de Castillo Butters.

“Ha habido una valoración bastante sesgada de los medios probatorios aportados dentro del proceso. Desde nuestra apreciación, la magistrada ha adelantado decisión y nosotras levantamos nuestra queja al respecto. Ha tomado como ciertos, absolutamente todas las partes, todos los argumentos de la defensa del señor Jaime Castillo Butters”, dice a EpicentroTv, Brenda Álvarez, abogada de Poirier en este caso.

Fue en agosto pasado cuando Poirier denunció a Castillo Butters ante la Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento de la Universidad Católica. Aseguró que el docente promovía el consumo de alcohol en espacios educativos, lo acusó de excluirla de oportunidades académicas y de haber mostrado, durante sus clases, la imagen de una mujer semidesnuda. Castillo Butters negó cualquier imputación y respondió demandando a Poirier de difamación, pidiéndole el pago de una reparación civil de 200 mil soles.

En este reportaje de EpicentroTv sobre el caso, publicado hace un mes, Castillo aseguró que la intención de las denuncias era destruir su imagen.  Al ser consultado sobre la elevada suma que estaba pidiendo en compensación, declaró que el dinero no era lo relevante sino su honor y que “en el Poder Judicial en el Perú por casos de esta naturaleza, se pide 200 mil y dan 5 mil”.

La abogada de Poirier pidió a la jueza Gabriela Torrejón que este reportaje de Epicentro fuese transmitido durante las audiencias. El objetivo era que se sometiera a debate y que a su vez, la jueza pudiese conocer las propias declaraciones de Castillo Butters, quien otorgó a este medio una extensa entrevista que publicamos en su totalidad.

En sus declaraciones, Castillo Butters dice que no existe prueba de los dichos de Poirier y que en la comisión investigadora, según sus palabras "había tres feministas radicales que querían buscar tres pies al gato". Lo que sí admite y era parte de lo que la defensa de Poirier quería dejar en claro, es que sus alumnos sí consumían alcohol en el campo de trabajo académico, pues "eran todos mayores de edad y que yo sepa no es ilegal tomar". Sin embargo, el requerimiento de escuchar las declaraciones de Castillo Butters en el juicio fue negado.

“Nosotras solicitamos que la prueba se actuara. Es decir, que se transmitiera el video en la audiencia, pero la jueza dijo que de ninguna manera. Por lo que pedí la nulidad del acto procesal. La jueza respondió que al hacer esto, yo estaba dilatando el proceso”, dice Álvarez. Por este hecho, la magistrada Torrejón le ha impuesto a la abogada una sanción de 5 Unidades de Referencia Procesal (URP), es decir 2300 soles. También ha pedido que se le inicie investigación en el Colegio de Abogados.

Sin ruta de escape

La decisión de la magistrada generó verdadera indignación entre colectivos feministas y de derechos humanos. En redes sociales, y bajo el hashtag, #MarcelaNoEstáSola, organizaciones como Manuela Ramos, Flora Tristán y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, rechazaron el fallo de Gabriela Torrejón. Jennie Dador, coordinadora Ejecutiva de esta última entidad, explica que el acoso y hostigamiento sexual en los campus universitarios en un tema del que recién se ha comenzado a hablar y denunciar.

“Es como si recién en los últimos años, hubiéramos destapado la olla. Todo esto estaba comprimido ahí. Porque además, son prácticas históricas. Las mujeres de mi generación pueden dar cuenta de esto. Es tan histórico que de alguna manera ha estado como naturalizado. Definitivamente, eso no quiere decir que no generase en nosotras malestar. Había siempre esa incomodidad, ese malestar, pero no teníamos una ruta, un mecanismo para hacer una queja en la universidad y tampoco las autoridades se ocupaban de eso”, le dijo a EpicentroTv.

Castillo Butters fue también señalado por el periodista Michael Balter a través de una investigación publicada en su blog, por presunto acoso, hostigamiento e intimidación, según testimonios anónimos que recoge, de alumnas que formaron parte de su curso y campamentos entre los años 2007 y 2013. Sin embargo, por ese entonces la Universidad Católica no tenía ninguna regulación, comisión, ni hoja de ruta para abordar estas acusaciones. El Comité de Intervención recién entró en funciones en 2016.

“Se les exige a estas víctimas que denuncien penalmente, pero cuando ocurrieron los hechos ni siquiera existían marcos normativos para hacerlo. Se les exige absolutamente todo, no solo tener que cargar con lo ocurrido. Para las víctimas de violencia de género, muchas veces parece que enfrentar a la justicia es casi una guerra perdida”, sostiene Álvarez. El fallo de Gabriela Torrejón ya fue apelado. El caso será llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.